Migración y sus políticas

Discriminación Histórica y la Población Inmigrante en los Estados Unidos

Miguel Mariano Alatorre | mariano.alatorre@gmail.com

El actual clima antiinmigrante que se percibe en amplios sectores de la sociedad estadounidense no es nada nuevo. Sin embargo, este tipo de retórica y acciones tan hostiles y abiertamente enfocadas en grupos específicos de gente hace tiempo que no provenían de un presidente estadounidense. El discurso del Sr. Trump es tan incendiario que Amnistía Internacional recientemente advirtió, en su reporte sobre derechos humanos, que representa un peligro para el mundo, ya que –entre otras cosas- convierte en “chivos expiatorios y deshumaniza a grupos enteros de personas”.

EL SUPER MURO DE TRUMP Y UN POCO DE HISTORIA DE POLÍTICA MIGRATORIA

En mi opinión, el muro de Trump cumplirá dos funciones principales. Una será intentar desalentar el flujo de inmigrantes sin documentos al forzarlos a tomar rutas más complicadas y al mismo tiempo elevar los costos económicos para cruzar. Pero más importante que eso será el erigir estructuras simbólicas en puntos estratégicos de la frontera para consumo interno. Nada nuevo bajo el sol, esto será una repetición (probablemente en mayor escala) de acciones emprendidas desde hace dos décadas.

La decisión de construir un muro a lo largo de la frontera en este momento es contenciosa por al menos tres razones (además de las humanitarias): Una es que el muro ya existente que se construyó en los 90’s no detuvo realmente la migración ilegal, de hecho, es posterior a la construcción del muro que los intentos de cruce alcanzan máximos históricos. Segundo es que precisamente durante los últimos diez años ha estado en constante disminución la cantidad de inmigrantes que intentan llegar a los EE.UU. En 2015 se registró el menor número de retornados “voluntarios” en la frontera sur desde 1968. Y tercero, es que costará mucho, mucho dinero, hasta 20 mil millones de dólares de acuerdo a algunas estimaciones. La obsesión de Trump por construir el muro parece que tiene menos que ver con razones pragmáticas y más con una peligrosa demagogia. Esta es una demostración muy pública hacia los sectores más conservadores de la sociedad norteamericana de que efectivamente los está “protegiendo” de los invasores del sur que amenazan con la destrucción del american way of life.

A continuación se presentan dos gráficas de fuentes distintas. Una contiene datos proporcionados por el gobierno de EE.UU. y la otra de El Colegio de la Frontera Norte en colaboración con distintas entidades gubernamentales mexicanas. Emplean metodologías distintas y registran eventos diferentes. Los retornos voluntarios son registros de personas que han sido detenidas por autoridades estadounidenses en algún punto de la frontera o cerca de ella y regresados a su país de origen sin haber sido oficialmente deportados. La Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte (Emif Norte) por su parte, encuesta en distintos puntos migratorios estratégicos a migrantes mexicanos que tienen la intención de cruzar hacia los EE.UU. Los datos de ambas fuentes indican una disminución de eventos migratorios en la frontera.

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El muro de Trump será solamente parte de la historia. Nueva legislación en materia migratoria tiene el potencial de afectar de manera más profunda a mucho más gente que una barrera física. Hiroshi Motomura (2011) recuerda que la legislación migratoria ha tenido tintes discriminatorios con base en prejuicios raciales, étnicos o de género[1] desde los albores de los Estados Unidos como nación.

Un ejemplo es la primera ley de inmigración de la joven nación independiente, la cual establecía en 1790 que la ciudadanía por naturalización únicamente podía ser otorgada a personas blancas libres y de buen carácter moral[2]. En 1882 se promulgó la Chinese Exclusion Act[3] (Ley de Exclusión de Chinos), una de las leyes más restrictivas y abiertamente racistas en la historia de los Estados Unidos, que tenía como intención explícita eliminar la inmigración de un grupo étnico específico. Y durante la Segunda Guerra Mundial, más de 110,000 inmigrantes de origen japonés incluyendo 70,000 con ciudadanía estadounidense (Zolberg, 2006:298) fueron reubicados en campos de internamiento.

A pesar de los ejemplos anteriores, hasta mediados del siglo XX la mayoría de inmigrantes provenían no de Asia, Africa o América Latina, sino de Europa. Es decir, realmente es a partir de 1965 con la modificación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA[4] por sus siglas en inglés) que la composición de la población inmigrante comienza a cambiar de una mayoría de origen europeo a una proveniente de América Latina y Asia.

Antes de 1965 la mayor proporción de inmigrantes eran de origen europeo debido en parte al sistema de cuotas[5] que regía la política migratoria desde los años 20, con el cual se estableció un sistema de límites numéricos o cupos a todos los inmigrantes con base en orígenes nacionales, esto con la finalidad de mantener la composición étnica (i.e. mayoritariamente blanca) de los Estados Unidos (Higham, 2002).

Lo anterior no significa que los inmigrantes europeos que llegaron durante el siglo XIX o durante la primera mitad del XX no hayan experimentado discriminación por parte de la población blanca nativa. Los italianos, por ejemplo, eran fuertemente “despreciados” (Alba, 1985:136) por los nativos blancos cuando aquellos comenzaron a arribar en grandes cantidades durante el periodo anteriormente mencionado, particularmente entre 1890 y 1910. Los ejemplos desafortunadamente abundan, alemanes (sobre todo durante las dos guerras mundiales), irlandeses (por ser católicos), judíos, musulmanes, etc.

Regresando a épocas más recientes, es en 1993 y 1994 que comienza la militarización de la frontera bajo las órdenes de W. Clinton con las iniciativas “Hold the Line” y “Gatekeeper” (también conocida como operación Guardián). Realmente es durante la presidencia de Clinton que se erige el muro que muchos en Tijuana conocemos y que posteriormente se fue expandiendo (e.g. Secure Fence Act de 2006). En los 90’s también presenciamos la controversial “Proposición 187” en California. Por otra parte, desde 1996 (con la promulgación de la Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Actlas leyes migratorias han limitado los caminos hacia la regularización migratoria al mismo tiempo que han incrementado el universo de inmigrantes irregulares. Similar a lo que sucede en la actualidad, hace 20 años se vivía en algunos sectores de la población de los EE.UU., un tenso clima político respecto de la migración, o como diría Nicholas De Genova (2004:176) de “nativismo intensificado y racismo antiinmigrante”. Si resulta familiar este discurso en pleno año 2017, es porque lo es.

POBLACIÓN INMIGRANTE EN RIESGO DE DEPORTACIÓN

Donald Trump no tardó ni siete días en su nuevo puesto para emitir una serie de órdenes ejecutivas que sientan el tono de lo que será su política migratoria durante su mandato. A grandes rasgos, establece que todas aquellas personas que son deportables (sin autorización para permanecer en los EE.UU.) sean deportadas. Esto contrasta con políticas de la época de B. Obama, en donde la atención se enfocaba en inmigrantes con antecedentes criminales. Para ser justo, debo mencionar que no es la primera vez que se tiene la intención por parte del gobierno estadounidense de deportar a una población entera. Este honor le corresponde a Operación Endgame del año 2003. Como su nombre lo indica, tenía un objetivo muy claro y ese era el de establecer el final del juego a los inmigrantes indocumentados. Su meta principal consistía en “deportar a todos los inmigrantes deportables”, en efecto, esa era la “medida de oro” con la cual se regía el gobierno del presidente Bush, Jr.

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¿Cuántas personas corren el riesgo de ser deportadas por el gobierno de Donald Trump? Bueno, de entrada sabemos que un ciudadano estadounidense no puede ser deportado de su país, así que consideraremos únicamente a la población inmigrante, es decir, aquellas personas que no nacieron en los EE.UU. (o alguno de sus territorios o posesiones). En 2015 había en EE.UU. más de 46 millones de inmigrantes, por mucho la mayor población inmigrante en cualquier país del mundo. De esa población, poco menos de la mitad se han naturalizado ciudadanos estadounidenses, lo que significa que esas personas no pueden ser deportadas.

La otra mitad, aproximadamente 22.5 millones de personas, está conformada por inmigrantes sin ciudadanía. En este grupo se incluyen personas con visas de todo tipo (incluyendo residentes legales permanentes), así como aquellas personas que no tienen documentos migratorios en regla. La posesión de una visa no necesariamente es garantía de permanencia en el país. Al momento de expirar no es seguro que será renovada, y también puede ser cancelada por el gobierno (si este así lo considera necesario) en cualquier momento. Inclusive las personas que tienen residencia legal permanente (i.e. green card) no están exentas de riesgo mientras tanto no obtengan la ciudadanía. Finalmente, del total de inmigrantes que no tienen ciudadanía, se estima que más de 11 millones se encuentran de manera indocumentada (seis millones son mexicanos). Esta es la población de inmigrantes más vulnerable y en mayor riesgo de deportación.

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En relación a los inmigrantes indocumentados que no poseen un estatus migratorio legal para residir o ingresar al país, debemos tener presente que la ilegalidad migratoria es enteramente un constructo social y legal fundamentado en leyes que han sido legisladas conforme a los intereses nacionales de los EE.UU., y consecuentemente “reforzadas por la cultura popular” (Johnson, 1997).  Es decir, las leyes de inmigración no solamente definen los requisitos de la legalidad y de quien es el inmigrante legal, sino que por definición determinan quien no lo es. Los requisitos para migrar de manera documentada a EE.UU., para obtención de ciudadanía, inclusive para determinar quién es deportable o no, han cambiado con el tiempo y continuarán cambiando.

Estos cambios en materia migratoria ya están en marcha, y dejan muy en claro que el discurso de campaña de Trump no se quedó en eso, en discurso, sino que se está materializando en política. En cinco semanas que lleva en la presidencia ya ordenó la construcción (ampliación) del muro con México; emitió acciones ejecutivas para limitar la migración de personas provenientes de países predominantemente musulmanes; restringió severamente el Programa de Admisiones a Refugiados; ha ordenado el reclutamiento de miles de nuevos oficiales para las agencias de Inmigración y Control de Aduanas y Protección Fronteriza (ICE, CBP); anunció la creación de una agencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para atender a víctimas de crímenes cometidos por inmigrantes. Y prácticamente ha sentado las bases legales para la posible deportación de todo inmigrante sin documentos. Con la llegada de Trump a la Casa Blanca los cambios en política migratoria no presagian nada bueno para los millones de inmigrantes y sus familias que están establecidos en el país.

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TEMOR GENERALIZADO ENTRE LA POBLACIÓN INMIGRANTE

Pocos días antes de la toma de posesión de Trump, platicaba en el este de Los Angeles, con un señor nacido en México y que tiene desde mediados de los 70’s viviendo en la ciudad. Él se naturalizó ciudadano desde hace años y todos sus hijos son nacidos allá. Me decía que en la comunidad se percibe una fuerte intranquilidad por parte de los vecinos, sobre todo aquellos que tienen familiares sin documentos. Hablaba de que había visto en semanas recientes “caravanas enteras de familias” que empacaban sus cosas y se marchaban rumbo a México. Cierto o no, aun es prematuro para saber si habrá algún incremento notable en el retorno de mexicanos como consecuencia de la actual situación en aquel país.

Semanas después conversaba con algunos empleados del consulado mexicano en Detroit, Michigan[6]. Lejos de Los Angeles y California, en donde la población de inmigrantes hispanos es muy superior a cualquier otra entidad del país (ver gráfica siguiente), la intranquilidad entre los inmigrantes parece ser aun mayor. Los funcionarios me comentaban que están atendiendo a mucho más gente de lo habitual. Muchísimos connacionales están acudiendo al consulado debido a la incertidumbre de lo que sucede. Algunas de las acciones preventivas que los inmigrantes están tomando son la obtención de actas de nacimiento mexicanas para sus niños nacidos en EE.UU. De esta manera tienen comprobante de la doble nacionalidad en dado caso de que la familia se vea obligada a salir del país como consecuencia de la deportación de uno de los miembros. También se sabe de inmigrantes indocumentados que inclusive han transferido la propiedad de casas o negocios a sus hijos estadounidenses debido al temor de enfrentar una deportación. En tono de  broma otros dicen que preferirían quemar su casa antes de dejársela a los güeros. Estos testimonios y otros indican a que existe una creciente ansiedad generalizada en comunidades de inmigrantes.

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Aunque los inmigrantes latinoamericanos han sido el grupo principal de atención de la política migratoria estadounidense en las últimas décadas, el inmigrante como tal (independientemente de su origen) ha sido históricamente blanco fácil al momento de buscar respuestas sencillas a problemas complejos de la sociedad norteamericana.

Probablemente el mayor daño de la presidencia de Donald Trump ya está hecho. Y ese es el de haber reavivado en un amplio sector de la población estadounidense el fuego de la xenofobia, racismo, misoginia e intolerancia. De manera todavía más preocupante es que no sea así, quizá lo peor para los millones de inmigrantes en Estados Unidos aún está por venir, en forma de leyes e iniciativas que denigran y criminalizan a poblaciones enteras.

 

 

 

[1] Lectura recomendada en este tópico es el libro de Martha Gardner, “The Qualities of a Citizen: Women, Immigration and Citizenship, 1870-1965”.

[2] United States Naturalization Law of March 26, 1790, 1 Stat. 103.

[3] An Act to execute certain treaty stipulations relating to Chinese, Ley Pública 47-126.

[4] H.R. 2580; Ley Pública 89-236 (Congreso, 1965), en vigor a partir del 3 de octubre de 1965 cuando fue firmada por el Presidente Lyndon Baines Johnson.

[5] El “sistema de cuotas” en realidad se refiere a la Emergency Quota Act de 1921, Ley Pública 5 del 67 Congreso (Congreso, 1921) y la subsecuente Ley de Inmigración de 1924, Ley Pública no. 139 (Congreso, 1924) .

[6] Estado que ganó Trump en la elección presidencial. Primera vez desde 1988 que los republicanos ganan Michigan.

 

Referencias Bibliográficas:

Alarcón, Rafael y Luis Calva Sánchez, 2014, La Emif Norte y la deportación de migrantes mexicanos de Estados Unidos (1999-2012), en 20 años de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México, comps., Consejo Nacional de Población (Conapo).

Alba, Richard D., 1985, The Twilight of Ethnicity Among Americans of European Ancestry: The Case of Italians, Ethnic and Racial Studies.

De Genova, Nicholas, 2004, The Legal Production of Mexican/Migrant “illegality”, Latino Studies, 2004, 2, (160-185).

Higham, John, 2002, Strangers in the Land: Patterns of American Nativism, 1860-1925, Rutgers University Press.

Johnson, Kevin R., 1997, “Aliens” and the U.S. Immigration Laws: The Social and Legal Construction of Nonpersons, The University of Miami Inter-American Law Review, Vol. 28, No. 2, International Law, Human Rights, and LatCrit Theory (Winter, 1996/1997), pp. 263-292.

Motomura, Hiroshi, 2011, Who Belongs?: Immigration Outside the Law and the Idea of Americans in Waiting.

Zolberg, Aristide R., 2006, A Nation by Design: Immigration Policy in the fashioning of America.

 

 

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Del gringo al limbo, la familia y la separación consecuencia de la deportación: un acercamiento cuantitativo.

Por Maritza Rodríguez Gutiérrez / Maestra en Estudios de Población / El Colegio de la Frontera Norte /

I. Introducción

Desde el año 2008 se dio un incremento en las deportaciones de mexicanos desde el interior de Estados Unidos debido al endurecimiento de las políticas inmigratorias, con lo cual se exacerbó el problema de la separación familiar.

La separación familiar por deportación es un problema que pone en encrucijada a los miembros de la familia puesto que tienen que repensar sus estrategias para reconfigurar la vida en familia. Además, cabe destacar que, este problema es de carácter multidimensional pues trae consigo repercusiones a nivel, económico, psicológico y social.

La presente entrada tiene como objetivo mostrar la dimensión de la problemática, es decir, cuantos mexicanos fueron separados de su familia. Para esto, se utilizó el módulo de “separación familiar” aplicado en el cuestionario de “migrantes devueltos” que recogió la Encuesta sobre Migraciones en la Frontera Norte (EMIF Norte) en el segundo trimestre del año de 2014.

II. Separación familiar

La separación familiar por deportación se define como la ruptura del núcleo básico de reproducción social, (de los diferentes tipos de familia), que se perpetra cuando algún miembro de la familia es deportado por su condición de inmigrante indocumentado –o residente legal permanente–, quedándose el resto de la familia en los Estados Unidos.

a. La separación familiar a través de la EMIF Norte

Para conocer el panorama de la separación familiar se empleó el trimestre de abril-junio de 2014 del módulo de separación familiar de la Encuesta de Migraciones en la Frontera Norte. Para este trimestre se registraron 86 individuos a los cuales se les aplicó el cuestionario de “migrantes devueltos”, mismos que respondieron al módulo de separación familiar. De tal manera que se encontró que de los 86 encuestados, en su totalidad, declaraban haber dejado a algún familiar en Estados Unidos (Esposa (o) o Pareja, hijos (as), padres, hermanos), representando un 100 % que fue separado de su familia.

b. ¿A quién dejamos en casa?

Independientemente de la composición de la familia en Estados Unidos, la deportación, generará rupturas en los lazos familiares. En este apartado, se conocerá la composición de ese 100 % que ha sido separado y que posición ocupaba en la familia, así como saber a quienes se dejaron atrás. La posición que ocupaban los mexicanos deportados que fueron encuestados en el segundo trimestre de la EMIF norte; en su mayoría era el de jefe del hogar con un 60 %.

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El otro 40 % se componía de la siguiente manera: un 15 % reportaba vivir solo, haciendo referencia entonces que no necesariamente había corresidencia, pero que aun así fueron separados de sus familiares. Por otra parte, el 9 % de los encuestados en ese periodo declaraba que era el hijo (a) y un 5 % ser el esposo (a) o pareja, asimismo un 4 % reportaba ocupar la posición de hermano (a). Enseguida un 4 % ocupaba otro lugar en la familia y finalmente el 3 % no mantenía una relación de parentesco con quien vivía allá.

La composición de ese 100 % de familias que ha sido separada se manifiesta de la siguiente manera: un 36.1% de los deportados dejó a su familia nuclear[1] en Estados Unidos; donde muchas veces la persona que es deportada no es necesariamente el padre o la madre, sino que en algunos de los casos era el hijo quien estaba siendo deportado –haciendo referencia a que posiblemente pertenecía a una familia indocumentada. Después, el otro tipo de familia que se quedó en el otro país era la familia extensa[2], con una participación del 34 %. Finalmente el otro porcentaje restante se refiere a familias monoparentales[3] y conyugales; asimismo de aquellos que dejaron a otro tipo de familiar y a aquellos que no respondieron.

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c. Reunificación familiar

Luego de conocer que tipos de familia quedan separadas en Estados Unidos tras una deportación, en un caso específico, se encuentran los deportados que dejan hijos menores de 18 años y que son ciudadanos estadounidenses. La importancia de explorar esta cuestión, es que precisamente la problemática se agrava por el factor edad en los hijos y en cuestiones relacionadas a la tutoría, es decir, quienes se quedan a cargo de ellos.

            Fueron 38 los mexicanos encuestados por la EMIF Norte en ese periodo; que residían en Estados Unidos y fueron separados de su familia, dejando hijos menores de 18 años en este país. Se reportó que de esos 38, las tres cuartas partes no tenían ningún documento que comprobara la nacionalidad mexicana de sus hijos (pasaporte, acta de nacimiento u otro), en contraparte tan solo 5 tenía todos estos documentos, mientras que otros 5 tenían algunos.

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A raíz de la pregunta “¿Qué piensa hacer con los hijos menores de 18 años que dejó en Estados Unidos?” se detectó lo siguiente:

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En su totalidad, los 38 casos dejaron a sus hijos con personas que tenían el poder legal sobre ellos, lo que al menos sugiere que estos no fueron llevados a foster care, como los casos de los cuales se habla en el capítulo 2.  Se identificaron 32 casos donde quienes quedan a cargo son su padre o madre. Por otra parte, solo 6 casos reportaron haber dejado a sus hijos con alguien que tiene poder legal como tutor.

            Finalmente, los encuestados que fueron separados de su familia expresan cuáles son sus necesidades inmediatas para resolver el problema de separación familiar, teniendo lo siguiente:

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Es notorio que después de la deportación y el hecho de ser separado de la familia ponga en primer lugar la opción de orientación y asesoría legal (16), puesto que las personas buscan una reunificación y que ya nada pueda volver a separarlos en el momento en que decidan volver a Estados Unidos. Esto se reafirma con la participación de 12 personas que declaran que buscan emprender la reunificación familiar (en las distintas modalidades mencionadas anteriormente). Se puede hacer visible el shock del proceso de deportación pues 4 personas declaran no saber qué es lo que necesitan en ese momento para llevar a cabo la reunificación familiar y otras 3 personas declaran que su necesidad es otra y no está dentro de las opciones del cuestionario.

III. Reflexión final

La separación familiar –refiriéndose a la posición en el hogar- en su mayoría se presenta en aquellos que son jefes del hogar (60 %). Sin embargo no están exentos del problema los otros miembros como aquellos quienes solamente son pareja o esposos (as) o quienes son hijos (as).

Los tipos de familias que se ven en su mayoría afectados por este problema son las nucleares, las extensas y las monoparentales.

Finalmente, si bien la reunificación familiar es un asunto importante, la mayoría de los padres que dejan hijos menores de 18 años deciden que los dejarán en Estados Unidos y una pequeña parte de los encuestados buscará la reunificación familiar en aquel país. Se presenta en menor proporción aquellos padres que buscan la reunificación familiar en México.

Notas:
[1] De acuerdo con Tuirán (1993) se le denomina a aquella que está integrada por padre, madre e hijos.
[2] La familia extensa consiste en dos o más familias nucleares que se unen por la extensión de la relación padre-hijos, es decir, por la unión de familia nuclear de un hijo adulto casado a la de sus padres. (Murdock, 1964)
[3] Familia integrada por una persona (hombre o mujer) que vive con uno o más hijos o emancipados -también se puede encontrar como familia rota, familia uniparental. (Tuirán, 1993)

IV.Fuentes consultadas

El Colegio de la Frontera Norte, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Consejo Nacional de Población, Unidad de Política Migratoria, Secretaría de Relaciones Exteriores, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación,  Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México, www.colef.mx/emif 2014 .

Tuirán, Rodolfo, 1993, “Vivir en familia: Hogares y estructura familiar en México, 1976-1987, Comercio Exterior, México, julio, pp.s/n.

 

Migración, organizaciones de inmigrantes y movimientos sociales en México ¿Es el tema migratorio un asunto de izquierda?

Por Christian Ángeles Salinas / Alumno del Doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Regionales / El Colegio de la Frontera Norte / 

 

El 20 de junio de 2016, en su columna del diario Milenio, Ricardo Alemán hizo un señalamiento muy preocupante sobre una de las más importantes organizaciones de inmigrantes a nivel internacional el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB)[1]. Afirmando lo siguiente: “la mafiosa CNTE también avanzó en los campos político y guerrillero. Por un lado estableció una alianza con Andrés Manuel López Obrador y su partido MORENA […] y por otro, pactó con organizaciones afines a la guerrilla, como el FIOB”. Más allá de la ostentosa ignorancia del señor Alemán que evidencia con ese señalamiento y de la difamación que hace de una de las organizaciones de inmigrantes más prolíficas en los últimos 30 años, su afirmación nos enfrenta como investigadores a una realidad que hasta hoy, creo, no hemos sido capaces de afrontar, me refiero a la imperiosa necesidad de la objetividad que desde la academia y de los críticos de ésta se nos impone a los investigadores para ocultar o tratar de no tomar partido a partir de nuestras investigaciones. Sin embargo, la realidad se encarga de ponernos siempre en nuestro lugar y de ofrecernos elementos ejemplares para afinar nuestros conceptos y categorías.

Por ejemplo, y volviendo al tema magisterial en México, la manifestación del FIOB a favor de la CNTE en diferentes ciudades en California es una muestra palpable del transnacionalismo del que hablaron Portes, Guarnizo y Landolt,  (1999) definido como un proceso en el cual los individuos inmigrantes de una comunidad mantienen relaciones sociales con sus lugares de origen y con los lugares de llegada. Después de visualizar esto, nos queda la pregunta, ¿podemos separar el tema migratorio de las demandas y movilizaciones sociales  tanto en México como en Estados Unidos? Las organizaciones de inmigrantes son una de las formas más eficientes para intensificar las relaciones sociales entre los que se van y los que se quedan (con esto no quiero decir que sean o que hayan sido las únicas). Por lo tanto, es importante siempre prestar atención al crisol de actores (entre ellos las organizaciones de inmigrantes) que rodean a una manifestación social.

Cuando realizamos d acercamientos a la realidad, como investigadores, (y hasta donde me dicta la conciencia), me es imposible no poder tomar partido a favor de una reforma migratoria en Estados Unidos con la que se vean beneficiadas miles de familias que hoy sufren el drama de la separación por la deportación, me es imposible no ponerme de lado de los dreamers o de los otros dreamers que buscan ser aceptados en el mercado laboral profesional en Estados Unidos. Lo cual no significa que tenga alguna afinidad política con Bernie Sanders, ex aspirante a la candidatura demócrata a la presidencia de Estados Unidos, únicamente por ser quien se ha manifestado, explícitamente, en contra de las deportaciones y la separación familiar y a favor de un una reforma migratoria sin cortapisas. Y lo mismo sucede cuando se ha tenido la posibilidad de mirar la pobreza y la marginación en la que se encuentran muchas zonas de los estados del sur del México o hasta en la pujante e innovadora Tijuana. Uno no puede decir que no es necesaria una reforma educativa, y ante eso cualquier documento que se nos presente como reforma educativa se pensaría que es la panacea para la educación en México. Sin embargo, cuando a todas luces se trata disfrazar una reforma laboral como educativa se debe denunciar. La crítica se vuelve central, la aceptación de reformas no debe hacerse a ciegas, sin reflexionarlas y sobre todo sin consultar a los principales afectados. Así se trate de una reforma migratoria o una reforma educativa.

El crisol de agentes que interactúan en la realidad social, al interior de movimientos sociales, debe ser reconocido dentro del marco analítico de las investigaciones académicas; ahondar en la historicidad de los agentes y no sólo de los contextos actuales y/o inferencias a futuro. Besserer (2016) afirma que las diásporas y comunidades transnacionales son las receptoras de las decisiones de los estados nacionales yo añadiría que no sólo cuando se es migrante sino que las decisiones respecto a la migración impactan a los que se quedan y así mismo las decisiones hacia los que se quedan impactan a los que se van.

Desdeñar o desprestigiar el apoyo que reciben las movilizaciones sociales desde fuera es señal de aceptación sin ser crítico, por lo tanto, es tarea nuestra, de los académicos como diría Besserer (2016): criticar las decisiones de los estados nacionales y criticar a aquellos que no lo hagan. Lo cual no significa ser de izquierda o de derecha sino simplemente es poner en práctica todo aquello de lo que tanto nos vanagloriamos, conocimiento.

Referencias

Alemán, Ricardo, 2016, [columna], ¡Ya tienen sus muertos…! El nuevo crimen organizado, Milenio Diario, http://www.milenio.com/firmas/ricardo_aleman/Durante_anos-la_mafiosa_CNTE_busco_la_tragedia_18_759704056.html última consulta, 26 de agosto 2016.

Besserer, Federico, 2016, [conferencia], Culturales – Transnacionales. Historias de encuentros y desencuentros en el estudio de la realidad social contemporánea, El Colegio de la Frontera Norte, 26 de agosto 2016.

Portes, A., L. Guarnizo y P. Landolt, 1999, The study of transnationalism: pitfalls and promise of an emergent research field, Ethnic and Racial Studies Volume 22 Number 2 Marzo 1999.

Velasco, Laura, 2014, Organización y liderazgo de migrantes indígenas en México y Estados Unidos. El caso FIOB en Migración y desarrollo vol.12 no.23 Zacatecas  2014.

[1] El Frente Indígena de Organizaciones Binacionales tiene su antecedente más remoto en el Frente Indígena Mixteco-Zapoteco Binacional, fundado en 1991 en la ciudad de Los Ángeles, California. Desde entonces ha habido una recomposición de su membrecía y liderazgos que en cierta forma refleja el desenvolvimiento de la migración internacional y los retos de la acción colectiva en lugares urbanos y rurales, a la vez que en México y Estados Unidos. […] su trayectoria define en la actualidad al FIOB como un agente político que actúa localmente con un proyecto transnacional. Es decir, lo que en términos empíricos se observa es un conjunto de activistas organizados bajo un sistema de normas y reglas, con una cierta división del trabajo y que actúa en forma local en un campo político transnacional, aun cuando los comités regionales desarrollen intereses locales (Velasco, 2014: 106).

La Ley de Migración y el Programa Especial de Migración mexicanos a la luz del Consenso de Montevideo*

 Por Alondra Alejandra Ambriz Nava

 

Las políticas de migración del Estado mexicano surgieron por la necesidad de <poblar> el territorio nacional por la visión desarrollista del mandato de Porfirio Díaz. Con la promulgación de la Ley de Inmigración de 1908 se sentaron las bases para la construcción de políticas de población nacionales. A pesar de que el desarrollo de toda legislación debe responder a cambios de orden económico y político, durante mucho tiempo en materia migratoria la mejor postura fue “no tener política”.

En pleno siglo XXI y bajo el reconocimiento explícito de la importancia que el fenómeno migratorio tiene a nivel individual y social, la agenda pública global y regional ofrecen protocolos y recomendaciones a los Estados sobre cómo abordar la migración internacional.

Este documento plantea una reflexión en torno a si los principios y recomendaciones del Consenso de Montevideo están o no reflejados en la política pública mexicana, específicamente en la agenda migratoria nacional.

Se sostiene como premisa que en materia migratoria se ha avanzado hacia la correspondencia entre la agenda nacional y los preceptos insertos en el Consenso de Montevideo. Se profundiza sobre la medida prioritaria: “La migración internacional y la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes” del Consenso y se reflexiona sobre cómo esta aparece en mayor o menor grado en la Ley de Migración (2011) y en el Programa Especial de Migración (2014-2018).

El Consenso de Montevideo y la medida prioritaria de migración internacional

El Consenso de Montevideo (2013) es resultado del trabajo conjunto de los representantes de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas quienes en la Primera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, celebrada en la capital uruguaya, aprobaron un documento cuyo propósito es reforzar la importancia de los “temas de población” en las agendas nacionales.

Dicho documento propone dar continuidad y reafirmar los compromisos de “El Cairo, 1994”. Plantea una serie de principios generales sobre los que se sustentan ocho temas prioritarios, destacando que la integración de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y derechos humanos es el pilar sobre el cual deberán construirse las políticas públicas para combatir los problemas que aquejan a la región.

Estos principios aparecen de manera transversal en las ocho medidas prioritarias, así en relación con la medida prioritaria sobre migración internacional y protección de los derechos humanos de las personas migrantes se acordó considerar los elementos de este fenómeno para las agendas y estrategias mundiales, regionales y nacionales. Se pueden resumir los acuerdos en la importancia de brindar asistencia y protección a las personas migrantes, respetar sus derechos y promover la suscripción de convenios bilaterales y multilaterales de seguridad social que incluyan a los trabajadores migrantes.

La tarea fundamental emanada del Consenso es evitar la criminalización de la migración y fortalecer la cooperación de los países de origen, destino y tránsito para garantizar el acceso a servicios básicos como son salud sexual y reproductiva y dando especial énfasis en menores, refugiados, mujeres y migrantes irregulares.

En este sentido, una declaración de voluntades nacionales tan amplia no sólo en el tema migratorio sino en los ocho temas fundamentales que establece el Consenso, resulta lógico cuestionarse ¿cómo se logrará llevar estos intereses a la agenda pública para que modifiquen en status quo de la realidad? En un primer esfuerzo por avanzar hacia responder esta interrogante y emanado del Consenso está la Guía operacional para la implementación y el seguimiento del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. En ella el tema migratorio aparece en nueve medidas que abarcan de la 66 a la 75.

Observando su contenido, me gustaría rescatar la medida 69. Esta propone acumular años de trabajo para que los inmigrantes puedan acceder a la seguridad social, es una medida justa y que de proceder ayudaría a las familias migrantes otorgando una seguridad de cobertura médica y de pensión. Es una medida concreta, cuyos indicadores son bastante claros. Sin embargo, su implementación implicaría un esfuerzo mayor por replantear el sistema actual de seguridad social para que brinde cabida efectiva y no sólo en términos de “cobertura” a esta población, lo cual dado el proceso de desmantelamiento de los sistemas de seguridad social en México y en países como Colombia y Brasil, resulta complejo e incluso ilusorio.

Por su parte, la medida número 70 incorpora los principios de “coherencia y reciprocidad” para tratar distintas situaciones, entre ellas el retorno y la seguridad en los mecanismos de transferencias monetarias. Señala como meta contar con una legislación que incorpore estas temáticas en el qué hacer público, tarea hasta ahora pendiente en nuestro país.

Me parece importante subrayar que el Consenso invita a brindar asistencia y protección a las personas migrantes, independientemente de su condición migratoria, para lo cual sugiere posibles líneas de acción entre las cuales quero destacar: “promulgar la legislación nacional específica sobre los derechos de las personas migrantes y los reglamentos, normas y protocolos de atención necesarios para su aplicación” y “elaborar políticas y programas específicos que tengan en cuenta la condición intersectorial de la atención a los migrantes” (CEPAL, 2015:111).

En un primer esfuerzo analítico, vamos a reflexionar cómo estos principios están en mayor o menor medida en la legislación actual mexicana en materia migratoria.

Agenda migratoria mexicana reciente: hacia una postura de Estado

La cuestión migratoria ha sido parte fundamental en la historia de las políticas de población de nuestro país, desde las medidas eugenistas heredadas de la Ley de Migración de los años treinta, hasta la incorporación de este componente en la Ley de Población de 1974, pero en 2011 hay un punto de quiebre al derogar los artículos referentes a migración internacional de dicho instrumento legal para orientar su contenido en la nueva Ley de Migración de 2011.

La Ley de Migración (LM, en lo sucesivo) sí bien fue promulgada como decreto presidencial dos años antes de la celebración de Montevideo, es a mi parecer un ejemplo de inclusión del tema migratorio en la agenda pública por reconocer como principio fundamental el respeto irrestricto a los derechos humano en el cumplimiento de su objetivo, que a saber es regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros del territorio nacional, así como su tránsito y estancia.

Su diseño bisca simplificar y ordenar los procedimientos migratorios, estableciendo las bases de la política migratoria que explicite las funciones y límites de las autoridades. Sin duda es para mí un ejemplo de la importancia de una visión sobre población y desarrollo, así como de un Estado que acepta fijar una postura y no solamente “dejar pasar” el fenómeno migratorio y sus implicaciones.

Por su parte, el Programa Especial de Migración 2014-2018 (PEM, en lo sucesivo) fue publicado en abril de 2013, surge como parte de la necesidad de reforzar el proceso de planeación, monitoreo y evaluación de la política migratoria, así como de los esquemas de coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno y con una fuerte participación de la sociedad civil. Establece así las prioridades del tema migratorio en cinco objetivos, 26 estrategias, 195 líneas de acción y 11 indicadores. Una fortaleza de este instrumento es para mí la participación activa de la academia, de los migrantes mismos y sus familias. La participación de la sociedad civil organizada es el componente que lo hace destacarse por ser incluyente y participativo.

Nos proponemos a reflexionar en torno a estos dos instrumentos a partir de las primeras dos etapas del proceso de políticas públicas propuesto por Merino (2014) y tomando como referencia en el contenido al Consenso de Montevideo en el tema migratorio internacional.

Merino (2014), señala como fundamental la definición de los problemas públicos sobre los cuales el Estado desea intervenir, adoptando una postura específica y reconociendo las causales de dicho problema. En esta etapa se vuelve fundamental la argumentación técnica, política y social, señalando los valores sustentan la acción pública. En este orden de ideas, considero que tanto la LM como el PEM muestran una revisión estadística y contextual que deja en claro la importancia que el fenómeno migratorio tiene para México al ser país de origen, destino, tránsito y retorno internacional.

En el caso de la LM se ve a un Estado fuerte que retoma los principios del Consenso de Montevideo para evitar la criminalización de la migración irregular, pues desde su puesta en vigor ningún extranjero necesita comprobar a priori su estado legal para acceder a servicios o trámites. Por su parte en el PEM hay una mayor reflexión en torno a las causas que originan la migración internacional, así como de los efectos en los ámbitos económico, social y cultural, se especifica además la pertinencia del respeto y promoción a los derechos humanos de las personas migrantes.

Como parte de los valores que se promueven, creo que hay consistencia entre los dos instrumentos y el Consenso en el caso de que se esclarece que las personas (físicas u organizaciones) protectoras de los derechos de los migrantes son también objeto de derechos, pues es bien sabido que en nuestro país este sector ha sido vulnerado por su tarea[1].

El segundo componente de las políticas de públicas según Merino es el diseño de un mapa de ruta. Este aparece en la LM pues en ella versan los lineamientos de los procesos administrativos migratorios, estableciendo el plazo y garantías para su observancia legal, sin embargo, esto será un desafío en términos de lo que Merino señala como “adaptación de las funciones” de las diferentes agencias gubernamentales porque va implícito un proceso de transición hacia normatividad que implicará romper viejos vicios de los funcionarios públicos.

En este sentido, la LM establece quién hará qué: la Secretaría de Gobernación formulará y dirigirá a política migratoria; el Instituto Nacional de Migración la instrumentará e incluso implementará el servicio de profesionalización de los servidores públicos (artículo 20 de LM). Esperamos que esto permita eliminar la corrupción y no vigilancia de los derechos humanos al interior del organismo, pues no es un hecho desconocido los atropellos que su personal comete contra las personas migrantes.

Moviendo el reflector hacia el PEM encontramos una mayor definición y análisis de las limitantes que puede enfrentar, señala que se debe cambiar de paradigma hacia uno multidimensional, de largo plazo y garante del desarrollo de las comunidades involucradas, versa sobre la inclusión de la perspectiva de género y de otros elementos de poblaciones vulnerables. En mi opinión los cinco objetivos se corresponden cabalmente con el Consenso de Montevideo no sólo en el eje de migración sino en el referente a integración de la población en el desarrollo sostenible con respeto a los derechos, en el de niñez y juventud, e igualdad de género.

Los faltantes o elementos poco claros del PEM con respecto al Consenso son: cómo el Estado Mexicano promoverá convenios bilaterales de seguridad social con Estados Unidos; cómo articulará esfuerzos para enfrentar los desafíos de la migración irregular como país de tránsito; en qué medida incorporará los principios de “coherencia y reciprocidad” en la migración de retorno, más allá de programas de repatriación y cómo dará seguridad a los mecanismos de transferencias monetarias.

A manera de conclusiones

Para cerrar me gustaría comentar sobre las siguientes etapas del proceso de políticas públicas, aunque es pronto para hablar de resultados, se pueden poner sobre la mesa algunos elementos en torno al PEM.

En primer lugar, el “campo de batalla” es amenazante sobre todo la tarea articular al menos 19 dependencias federales con cada entidad federativa, además de generar una adaptación de las funciones de los trabajadores del INM en el marco de derechos humanos, cuando sabemos que la gran mayoría de agresiones a las poblaciones en tránsito son cometidas por elementos del INM y que los Grupos Beta no tienen los elementos legales para detener a los “polleros”, por ejemplo. En materia de evaluación, creo que once indicadores es un buen número, pero más allá del número rescato el que hay un piso del cual se parte y una meta de en dónde se quiere estar en 2018.

Finalmente, el carácter dinámico de las políticas públicas permite incorporar en la agenda pública temas emergentes, pero que en el caso de la migración internacional más que emergente es un tema clave y articulado con la discusión sobre desarrollo. Considero que si hay preceptos del Consenso en la agenda migratoria actual y si bien no resuelve todo, es un avance sólido, necesario y sobre todo perfectible.

 

Referencias:

CEPAL/CELADE (2013). “Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo”.

CEPAL/CELADE (2015). “Guía operacional para la implementación y el seguimiento del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo”. Documento de trabajo para la Segunda Conferencia Regional de Población y Desarrollo.

Merino, M (2013). Políticas Públicas. Ensayo sobre la intervención del Estado en la solución de problemas, CIDE, México Distrito Federal.

Sandoval, A (2014), “El ciclo de las políticas públicas de población”, en: Cecilia Rabell (coord.), Los mexicanos. Un balance del cambio demográfico, FCE, México, pp. 49-79.

Legislaciones

  • Programa Especial de Migración:

http://www.huellasmexicanas.org/alejandra/migracion-y-politica/PEM2014%20310114.pdf

 

[1] Ver el artículo 159 de LM

Es momento de dignificar a los deportados

Por José Israel Ibarra González

En esta aportación hago un llamado a las autoridades y a la sociedad civil para emprender una campaña nacional de dignificación de las personas que son deportadas de Estados Unidos. El principal argumento son las aportaciones que hacen al desarrollo de México gracias a su experiencia de vida internacional, que incluye la adquisición de educación en Estados Unidos (sobre todo entre los más jóvenes) y de competencias laborales en desempeños que tienen certificaciones internacionales.

Un segundo argumento es la deuda histórica que el país tiene con ellos, debido a que abandonaron el territorio nacional la mayoría de las veces forzados por las crisis económicas en México y la falta de oportunidades. Desde Estados Unidos mandaron remesas que sirvieron para tapar las carencias de un Estado Mexicano incapaz de combatir la pobreza sobre todo en las zonas rurales.

Esther

Doña Esther (derecha) es una mujer deportada de Los Ángeles que administra un exitoso negocio de tamales en el Centro de Tijuana. (Foto: Israel Ibarra).

Las estadísticas de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación de México indican que en el periodo de 2005 a 2015 (hasta octubre) fueron repatriadas de Estados Unidos a México a través de la Frontera Norte y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 4 millones 753 mil 043 personas.

Cabe señalar que una persona puede ser repatriada varias veces, lo que también es criticable, ya que esa categoría no debería de existir. El investigador Héctor Padilla señala en su artículo de 2012 “¿Repatriado? Una historia de vida y su contexto” que hay dos tipos de deportaciones: 1) los “removals”, que son personas que tras vivir varios años en Estados Unidos son expulsados con una orden judicial, y 2) los “returns”, que son capturados en su intento de ingresar al territorio estadounidense y devueltos.

Padilla escribe que al juntar las dos categorías en repatriados el gobierno mexicano quiere verse, por una parte, como un Estado de ayuda humanitaria, y por otra, evita condenar a Estados Unidos por su política antiinmigrante y no ayuda a los mexicanos a enfrentar sus juicios de deportación.

De esta manera la campaña de dignificación debe enfocarse a los removals que vivieron en Estados Unidos y adquirieron un capital simbólico y en muchas ocasiones monetario que le pueden beneficiar a México.

Cabe hacer mención que con la Ley de Responsabilidad Inmigrante y Reforma a la Inmigración Ilegal de 1996 en Estados Unidos (Illegal Immgration Reform and Immigrant Responsibility Act of 1996, IIRIRA)  las deportaciones pueden darse por causa de una acusación delincuencial por parte del aparato de Estado Norteamericano, que puede ir desde una falta menor hasta una grave.

La gráfica histórica de los migrantes removidos de acuerdo al Anuario de Migración y Remesas 2015 basado en el Yearbook of Immigration Statistics: 1995- 2013, de la Office of Immigration Statistics. U.S. Department of Homeland Security, permite observar que de todas las nacionalidades, la mexicana ocupa el mayor porcentaje de deportaciones con un 72% y que un 46% de estos fueron removidos con falta administrativa o criminal.

Por este motivo existen autoridades, sobre todo las policiacas, que tratan de ensuciar el nombre de los deportados señalando que son delincuentes expulsados de Estados Unidos. Sin embargo, no son ni la mitad de los casos y de esos los de alta criminalidad son un porcentaje menor. Además una de las principales faltas es haber reingresado a suelo estadounidense para alcanzar la reunificación familiar tras la primera deportación. Una acción que considera criminal Estados Unidos.

Pero si se analiza legalmente ellos ya cumplieron sus condenas en suelo americano y si hubieran permanecido allá tienen derecho a la reintegración social. En México ni siquiera cuentan con antecedentes penales, están “limpios”, y muchos de ellos (hombres y mujeres) están aprovechando esta oportunidad para reiniciar sus vidas.

Muchos expulsados han decidido quedarse en México bajo la amenaza de los jueces de migración de Estados Unidos de que al siguiente reingreso les pueden dar hasta 5 años de cárcel. Gracias al idioma inglés y su experiencia laboral en Estados Unidos ahora son excelentes trabajadores en call centers, también en la industria maquiladora, la construcción ligera y otra serie de actividades económicas. Aunque su inserción social no les ha sido fácil después de pasar décadas en Estados Unidos, en algunos caso toda su vida porque llegaron niños, ahora están produciendo riqueza para nuestro país y es por eso que es necesario hacer una campaña de dignificación y ayudarles a que su vuelta a casa sea como se la merecen.

Actualmente hay una iniciativa para emprender una campaña  para dignificar a los deportados impulsada a través de la recientemente creada Dirección Municipal de Atención de Tijuana, sin embargo, a este esfuerzo deben sumarse las autoridades de todos los estados de México y ante todo el Gobierno Federal.

Migrantes retornados y el dilema del empleo

Por Lorena Mena Iturralde

Desde 2008 el retorno de emigrantes a su país de origen se volvió un fenómeno de interés mediático, académico y gubernamental en el contexto ecuatoriano. La crisis financiera internacional que afectó a los Estados Unidos y Europa e impactó en el empleo y por ende a miles de migrantes laborales procedentes de países en desarrollo, obligó a muchos a hacer maletas y retornar.

Hacer frente a la reinserción tras varios años de residencia en el extranjero es el siguiente reto. Los jefes de hogar, principalmente, deben buscar los medios de sustento para ellos y sus familias y enfrentarse sobre la marcha a la adaptación a su nueva realidad. No es extraño, de hecho, que en mis conversaciones con ecuatorianos que retornaron desde España, principal destino migratorio del país andino desde finales de los 90, el tema del trabajo y las dificultades para emplearse tras años de ausencia, predominen en sus relatos.

Son regresos que en muchos casos están asociados con el fracaso de un proyecto migratorio, proyecto que no se abandona hasta haberlo intentado todo en el extranjero. Hay quienes perdieron su “piso” (departamento) al ser embargados por bancos ante la imposibilidad de pagar sus hipotecas; quienes vivieron del subsidio de desempleo hasta que agotaron tal prestación; los que trabajaron “en negro” (clandestinamente) y en condiciones de alta precariedad; los que optaron por vivir hacinados para compartir gastos, entre otras estrategias de supervivencia en medio de la crisis española.

Al final, para concretar su regreso, pocos pudieron acogerse a programas de ayuda oficiales como el implementado por el gobierno de España, o el plan Bienvenid@s a Casa del gobierno ecuatoriano. Sus requisitos y escasa cobertura fueron algunas limitantes, aunque de entrada se venden bastante bien. Por ejemplo, el programa español APRE, más conocido como Plan de retorno voluntario, otorgaba al solicitante la posibilidad de cobrar su prestación por desempleo en dos partes: 40% en España y 60% en Ecuador, pero a cambio, el inmigrante debía firmar su compromiso de no volver al país ibérico en al menos tres años. Y no solo él, sino todos los miembros de la familia que fueron reagrupados, porque también debían irse. Sobre el programa ecuatoriano, una de las críticas más difundidas es que parecía enfocarse en retornados con cierta capacidad financiera, pues se les pedía una contraparte económica para acceder a recursos para emprendimientos en Ecuador.

En general, lo que ha predominado es una movilidad autónoma de retorno, y puede deducirse que la reinserción laboral ha sido igual. El autoempleo es una de las principales vías para empezar de nuevo y en esta modalidad de trabajo, los migrantes retornados no necesariamente aplican lo aprendido en el extranjero, porque el mercado tiene demandas distintas y otras condiciones salariales. Lo cuenta con desilusión Alan, un migrante retornado que hoy trabaja como taxista en las calles de Guayaquil, capital económica y la ciudad más poblada del Ecuador. “Manejé con licencia profesional en carreteras de España, operé aplanadoras, maquinaria pesada en empresas de construcción (…) y en tres entrevistas de trabajo aquí me dijeron No, que como no tengo experiencia en Ecuador eso aquí no sirve”, relata.

Por un lado, los empleadores argumentan “falta de experiencia”, por otro lado, el problema es la edad, pues muchos retornados tienen más de 40 años. Y si se trata de pedir créditos para abrir negocio propio, la negativa de la banca es por no tener bienes o el aval de personas que suscriban como garantes, algo difícil de conseguir de alguien ajeno a la familia y más cuando recién se ha vuelto del extranjero.

El problema de emplear migrantes retornados en Ecuador ha sido tal, que actualmente está en espera de discusión legislativa una Ley Orgánica de Movilidad Humana que reemplazará a la Ley de Migración vigente, que data de los años 70, e incluye en uno de sus apartados 14 artículos referentes a “la condición de migrante retornado”. Dicho proyecto fue presentado a mediados de 2015 y señala como migrante retornado a la persona ecuatoriana que cumpla una de las siguientes condiciones: 1) haber permanecido o haberse radicado más de 3 años en el exterior y estar en territorio nacional; o 2) estar en condiciones de extrema vulnerabilidad en un país extranjero y con manifiesto de volver al Ecuador.

Define también tres tipos de retorno: voluntario, forzado y humanitario o solidario; y en otro artículo habla de la “recuperación de talentos”, esto es, que el Estado ecuatoriano facilitará el retorno de emigrantes artesanos, agricultores, técnicos, profesionales y científicos, y motivará en el sector público y privado la creación de bolsas de empleo, con ofertas laborales que estarán a disposición de los retornados. Además, menciona que todas las instituciones públicas deben diseñar e implementar programas de fomento al emprendimiento, vía proyectos empresariales, de innovación, comerciales, de servicios, tecnológicos, profesionales, artesanales, productivos, educativos, socioculturales; y que las instituciones del sistema financiero deben desarrollar mecanismos para aceptar y reconocer los antecedentes crediticios o comerciales y las referencias bancarias de otros países para facilitar a los retornados el acceso a servicios y beneficios de la banca.

Según los datos del Censo de Población, más de 30 mil ecuatorianos volvieron desde España durante el quinquenio 2005-2010. Seis años después de ese censo, y dado el contexto adverso que persiste en España, la cifra con seguridad ha aumentado. Entre iniciativas de ley y programas de apoyo, que han sido buenos intentos para ayudar a esta población, lo cierto es que el peso más grande de la reinserción laboral, social, escolar (en los casos de hijos menores, muchos nacidos en España) y de otro tipo que se derivan de este fenómeno complejo, ha recaído enormemente en la iniciativa y la creatividad de los retornados y, con suerte y si mantuvieron sus redes transnacionales sólidas, con el apoyo de sus familias.