Migración y sus políticas

H.R. 495 – LEY DE PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS 2017: ¿Protección de la niñez o solución al problema de la migración infantil irregular?

Por Chantal Lucero Vargas

 chantallucero@gmail.com

         En el año 2008, el Congreso de los Estados Unidos de América aprobó la Ley William Wilberforce de Reautorización para la Protección de las Víctimas de  Trata de Personas o lo que se conoce como William Wilberforce Trafficking Protection Reauthorization Act of 2008. Si bien esta ley se creó con la finalidad de implementar mecanismos en relación a la protección a las víctimas de trata, la misma tiene un apartado especial con el fin de mejorar los esfuerzos para combatir el tráfico de niños en la frontera y los puertos de entrada a los Estados Unidos, estableciéndose con ese objetivo la implementación de políticas y procedimientos para asegurar que los niños extranjeros no acompañados (UAC_) que llegaban a territorio norteamericano, fueran repatriados en forma segura a su país de origen o al país de su última residencia habitual.

         Esta ley tiene dos vertientes: la primera es en relación a los niños menores no acompañados provenientes de países contiguos a Estados Unidos (México y Canadá). Para estos niños no es necesario llevar a cabo un procedimiento formal de remoción (repatriación), esto es, cuando un menor extranjero es detenido, el oficial de inmigración deberá verificar primeramente: a) que el menor no haya sido víctima o que no haya pruebas de que será víctima de una forma grave de trata de personas; b) que el menor no tenga temor de regresar a su país de origen o al país de su última residencia habitual y; c) que el niño sea capaz de tomar la decisión de retirar la solicitud de admisión a territorio norteamericano. Si no se cumple ninguna de las anteriores hipótesis, el oficial de inmigración tiene la libertad de tomar la decisión de regresar al niño a su país de origen o al país de su última residencia habitual sin que medie ningún procedimiento formal de remoción de por medio. Para lo anterior, la misma ley estipula que la repatriación de estos menores se hará con base a acuerdos que se pactarán entre el Secretario de Estado de  los Estados Unidos y los gobiernos de México y Canadá, respectivamente.

         La segunda vertiente, por exclusión, es la que se lleva a cabo en relación a niños migrantes no acompañados provenientes de países no contiguos a Estados Unidos. Una vez que estos niños son detenidos en territorio norteamericano, se tiene un lapso de 48 horas para determinar si el mismo cumple con alguna de las características mencionadas anteriormente, si no cumpliera con la misma o no se pudiera hacer determinación alguna dentro de las 48 horas señaladas, el niño deberá ser transferido al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) para que se le inicie un procedimiento formal de remoción.

         Estados Unidos ha sido el país de destino por excelencia de todo aquel inmigrante irregular proveniente de  México y Centro América. En lo que respecta a la migración infantil irregular, la anterior ley da la pauta para hacer una distinción entre los niños migrantes no acompañados provenientes de algún país contiguo, en este caso México, y los provenientes de cualquier otro país como por ejemplo Honduras Guatemala y El Salvador. En este sentido, desde el año 2000 la migración infantil no acompañada proveniente de alguno de estos países y principalmente de México, iba en aumento. La Ley William Wilberforce de Reautorización para la Protección de las Víctimas de  Trata de Personas de 2008, si bien se creó para proteger a los menores de ser víctimas de trata, parecería que respondía mas bien al número elevado de menores migrantes no acompañados que se registraba en la región en ese momento y a la preocupación de que no se estuvieran analizando adecuadamente las razones por las que no se debería regresar a sus países de origen a estos menores no acompañados.

         Según cifras del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), para el año fiscal 2008, año en que se aprobó la Ley de Reautorización para la Protección de Trata de Personas en comento, se detuvieron por parte de la Patrulla Fronteriza en la frontera entre Estados Unidos y México 8,041 menores migrantes que viajaban en calidad de no acompañados, la mayoría provenía de territorio mexicano (Kandel, 2016). En los años subsecuente esta cifra fue en aumento, sin embargo, estos menores migrantes ya no provenían en mayor medida de México, sino de Honduras, Guatemala y El Salvador. El año 2014, en particular, fue un parte aguas para esta migración ya que el entonces Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, decretó las 71,000 aprensiones realizadas por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos de menores migrantes no acompañados entre el primero de octubre de 2012 al 31 de mayo de 2014 como una emergencia humanitaria. (Notimex, 2014).

Chantal

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Departamento de Seguridad Nacional. Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, 2017.

         A partir de lo anterior, hubo una baja en las detenciones por parte de la Patrulla Fronteriza de niños migrantes no acompañados. Lo anterior en mayor medida se debe a las acciones tomadas para frenar la migración irregular, entre ellas el endurecimiento de la vigilancia de la Frontera Sur, tanto de Estados Unidos como de México, sin embargo, a pesar de la disminución de las cifras en relación a las detenciones de este grupo migratorio en específico, la migración infantil no acompañada seguía siendo una población que representaba un problema para Estados Unidos.

         El 20 de enero de 2017 el Republicano Donald Trump tomó posesión como el Presidente número 45 de los Estados Unidos de América. Su campaña estuvo marcada por un discurso anti-inmigrante y por estar en contra de las políticas de inmigración que prevalecían en ese entonces. Por lo anterior, no es de extrañarse que el Congresista Republicano por el Estado de Texas, Jhon R. Carter, el 12 de enero de 2017, esto es, 8 día antes de la toma de posesión del Presidente Trump, introdujera ante la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el proyecto de ley H.R. 495 o lo que se conoce como Protection of Children Act of 2017.

         Entre las reformas establecidas en este proyecto para ser aplicadas a cualquier niño no autorizado aprehendido en o después del 15 de junio de 2012 se encuentran:

         a). Eliminar los requerimientos especiales de repatriación para niños extranjeros no acompañados, esto es, si algún oficial de inmigración encuentra a un niño extranjero no acompañado inadmisible, este devolverá al niño a su país de nacionalidad o de su última residencia habitual. Actualmente esa autoridad es discrecional.

  1. b) Autorizar al Departamento de Estado para negociar acuerdos entre los Estados Unidos y otros países para la repatriación de niños. Actualmente el Departamento de Estado sólo está autorizado para negociar acuerdos con países contiguos (Canadá y México).
  2. c) Implementar nuevas reglas en relación a los niños extranjeros no acompañados que no sean víctimas de una forma grave de trata de personas y que no tenga temor de regresar a su país de nacionalidad o última residencia habitual pero que se encuentren en las siguientes hipótesis: 1). Si el niño extranjero no acompañado estuviera sometido a un procedimiento de expulsión, tendrá una audiencia ante un juez de inmigración dentro de 14 días y; 2) Si se encuentra en custodia federal, será transferido a la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) dentro de 30 días.
  3. d) Los niños extranjeros no acompañados que se encuentren bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) o del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), tendrán acceso a asesoría legal sin costo para el gobierno de Estados Unidos.

         e)Antes de colocar a un niño extranjero no acompañado con un individuo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos deberá de proporcionar al Departamento de Seguridad Nacional el nombre del individuo, número de Seguro Social, fecha de nacimiento, lugar de residencia y estado de inmigración, si se conoce. Por lo anterior, el Departamento de Seguridad Nacional investigará el estatus migratorio del individuo con quien se coloca al niño y iniciará los procedimientos de remoción si ese individuo está ilegalmente presente en los Estados Unidos.

         ¿Pero, qué es lo que verdaderamente busca la H.R. 495? ¿Son estas medidas necesarias para la protección de los niños extranjeros no acompañados detenidos en Estados Unidos? No se debe pasar por alto que este grupo en específico, el de los niños migrantes no acompañados, es un grupo sumamente vulnerable, no solamente al tráfico de personas sino a un sin fin de peligros durante todo su proceso migratorio. Las causas relacionadas a esta migración son de diversa índole sin embargo, entre las principales se encuentran las altas tazas de criminalidad (sobre todo en países como Honduras, Guatemala y El Salvador), el alto índice de pobreza, así como la presencia sostenida del crimen organizado y de pandillas (IFRC, 2016; UNICEF México, 2014; Amnistía Internacional, 2013). Lo anterior pone de manifiesto que la mayoría de estos niños migran al verse en la necesidad de salvar su vida ante la violencia sistematizada que presentan sus países de origen y la pobreza, muchas veces extrema, que se vive en los mismos.

         El Foro para la Inmigración Nacional (2017) ya se ha pronunciado respecto a esta propuesta de ley manifestando que, más que frenar el tráfico de personas, lo que busca es legalizar la repatriación expedita de menores extranjeros no acompañados que son incapaces de probar que han sido víctimas de tráfico de personas o tienen un temor fundado de regresar a sus países de origen. Bajo esta tesitura, esta propuesta de ley sólo los hace más vulnerable a los traficantes y criminales, lo anterior sin contar los efectos negativos provocados por una detención prolongada (LIRS et al., 2017).

         Si esta iniciativa de ley se llegara a aprobar en el Congreso, ya no habría diferencia entre niños extranjeros no acompañados provenientes de países contiguos y los provenientes de cualquier otro país, provocando con esto una restricción al acceso a un procedimiento formal de remoción para aquellos niños procedentes de algún país no contiguo a Estados Unidos,  en el cual el menor pudiera ser escuchado y fundamentar por qué su vida correría peligro si se le regresa a su país de origen. Lo anterior cobra especial relevancia para los niños no acompañados provenientes de alguno de los países del Triángulo del Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador) donde la violencia y las pandillas, como ya se mencionó anteriormente, van en aumento.

         También, se ampliarían los tiempos de detención de estos menores migrantes no acompañados, lo anterior permitiría al Departamento de Seguridad Nacional retener a un menor hasta por 30 días. En relación a lo anterior, se ha demostrado que someter a un niño a un largo proceso de custodia tiene un impacto negativo en la salud física y mental del mismo, aunado a que estos niños, al momento de la detención, pueden presentar depresión, períodos de estrés, pérdida de apetito y trastornos relacionados con el sueño (NIF, 2017).

         Otra de las consecuencias de esta ley sería que los menores extranjeros no acompañados que se encuentren bajo custodia del gobierno de los Estados Unidos, si bien pueden tener acceso a una representación legal, la misma ya no sería responsabilidad del Departamento de Salud y Servicios Humanos, como ha venido siendo hasta ahora. Si bien el niño tiene el derecho de una representación legal el Estado ya no tendría la obligación de brindársela, pudiendo dejar con ello en un total estado de indefensión a estos niños migrantes no acompañados.

         Por último y no menos grave es la responsabilidad de informar al Departamento de Seguridad Nacional la información referente al estatus migratorio de la persona que tendrá la custodia del menor mientras se regula su situación migratoria, si esta persona tuviera un estatus migratorio irregular, se procederá de inmediato el procedimiento para su deportación. Una de las consecuencias de lo anterior sería la restricción al principio de  reunificación familiar debido a que muchos padres o familiares del menor, derivado de su irregularidad migratoria, preferirían que éste quedara en custodia de un extraño por el temor ha ser deportados.

         Actualmente esta propuesta de ley se encuentra en su etapa inicial, sin embargo la misma no es un hecho aislado. A esta se suma la también propuesta de ley H.R. 391 conocida como Asylum Reform and Border Protection Act of 2015 la cual, entre otras cosas, prohíbe a los menores extranjeros no acompañados solicitar asilo si los mismos pueden ser enviados a un tercer país, así como también  la cancelación por parte del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos del Programa de Menores Centroamericanos (CAM). Dicho programa cancelado tan solo el 16 de agosto pasado, permitía establecerse en el país a menores de El Salvador, Guatemala y Honduras que venían huyendo de la violencia, incluso podían acogerse a este programa niños a los que incluso se les había negado la condición de refugiados. Este Programa tuvo sus orígenes en el año 2014 bajo la administración del entonces  presidente Barack Obama en respuesta a decenas de miles de menores no acompañados y de familias de Centroamérica que cruzaron la frontera entre EEUU y México. Con la suspensión del CAM, los más de 2, 700 niños que esperaban una aprobación, la mayoría provenientes de El Salvador, tendrán que ser regresados a sus países de origen (Rosenberg, 2017).

         La migración infantil, principalmente la no acompañada, es un fenómeno que va en aumento. En esta tesitura, las actuales propuestas de leyes bajo la administración del Presidente Donald Trump en relación a la niñez migrante no acompañada, no hacen mas que acrecentar la vulnerabilidad de los mismos y restringir sus derechos, poniendo en una incertidumbre el futuro de estos niños una vez que llegan a territorio norteamericano. Las anteriores circunstancias, como bien lo señala Kandel (2017) plantean desafiantes cuestiones de política que pueden poner en duda qué se hace bajo la premisa de “el interés superior del niño” contra lo que es permisible bajo la Ley de Inmigración de Estados Unidos y otras leyes relativas a la materia

 

REFERENCIAS

         Amnistía Internacional (2013). Migrantes en México: Viajes Invisibles. consultable en:  https://www.amnesty.org/es/latest/news/2013/10/migrants-mexico-invisible-journeys/

         Congreso de los Estados Unidos de América. H.R. 495 – Protection of Children Act of 2017. Consultable en: https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/495

         Congreso de los Estados Unidos de América. H.R. 391 – Asylum Reform and Border Protection Act of 2015. Consultable en: https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/391

         Departamento de Estado de los Estados Unidos. William Wilberforce Trafficking Protection Reauthorization Act of 2008. Consultable en: https://www.state.gov/j/tip/laws/113178.htm

         Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2014). UNICEF por los Derechos de la Niñez Migrante. Consultable en: http://www.unicef.org/mexico/spanish/proteccion_12170.htm

         International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (2016). Smart practices that enhance resilience of migrants. Consultable en: http://www.ifrc.org/Global/Publications/migration/Smart-practices-summary-report_EN.pdf

         Kandel, William A. (2016). A resurgence of a Unaccompanied Alien Children?. Consultable en: https://fas.org/sgp/crs/homesec/IN10493.pdf

         Kandel, William A. (2017). Unaccompanied Alien Children: An Overview. Congressional Research Service. Consultable en: https://fas.org/sgp/crs/homesec/R43599.pdf

         Lutheran Immigration and Refugee Service, Kids in Need of Defense and the Women’s Refugee Commission (2017). Statement of The Protection of Children Act of 2017. Consultable en: https://supportkind.org/wp-content/uploads/2017/06/6.21.2017-LIRS-WRC-KIND-statement-Protection-of-Children-Act-FINAL.pdf

         National Immigration Forum (2017). Protection of Children Act of 2017. Consultable en: http://immigrationforum.org/blog/protection-of-children-act-of-2017-bill-summary/

         Notimex (2014). En 20 meses, más de 71 mil menores detenidos en frontera EUA-México. uniradioinforma.com 3 de junio de 2014. Consultable en: http://www.uniradioinforma.com/noticias/estadosunidos/273484/en-20-meses-mas-de-71-mil-menores-detenidos-en-frontera-eua-mexico.html

         Rosenberg, M. (2017). EEUU cancela programa ayuda a menores centroamericanos que huyen de violencia. Reuters. Consultable en: https://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTAKCN1AW2QU-OUSLD

         Sperber, M. y J. Bruggeman (2017). The Protection of Children Act is anything but. The Hill 15 de agosto de 2017. Consultable en: http://thehill.com/blogs/pundits-blog/international/339203-protection-of-children-act-or-protection-of-traffickers-act

 

 

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Algunas referencias acerca de la migración entre Colombia y Venezuela

Por: Gabriela Pinillos.

gabrielapinillos@gmail.com

En esta entrada pretendo mostrar un panorama muy general y breve de los movimientos migratorios entre Colombia y Venezuela a partir de lo que se considera la segunda ola de migración de colombianos hacia su vecino país, y destacando algunos cambios que se han suscitado en los últimos años con los cuales se habla de procesos de retorno de colombianos y sus familias desde Venezuela y en general un periodo importante de inmigración en Colombia. Es importante aclarar que los datos son generales y que al intentar cubrir un amplio periodo de tiempo en la descripción del fenómeno, se llega a omitir datos y hechos históricos importantes, en este sentido, el objetivo que se persigue es, como ya se dijo y a partir de la experiencia propia y algunos documentos de prensa y académicos, presentar un sencillo y corto relato sobre el fenómeno de la migración desde Venezuela hacia Colombia como consecuencia de la crisis socioeconómica y política y, en general, del contexto actual que se vive en Venezuela y que demanda la atención de los estudiosos en migración y de los movimientos sur-sur.

Colombia ha sido reconocido históricamente como un país de emigración. Las cifras oficiales de migración en Colombia señalan que el porcentaje de personas que sale del país ha sido mayor que el de los extranjeros que ingresan al mismo. En los registros se destacan tres olas de emigración. La primera durante la década de los años sesenta (mayoritariamente hacia Estados Unidos), la segunda en la década de los años ochenta (dirigido a Venezuela) y la tercera durante los años noventa (en rutas hacia España). (Oficina de Migración Colombia)

La segunda ola, teniendo como destino Venezuela, sucedió principalmente en un periodo de gran crecimiento económico y una etapa de prosperidad petrolera que vivió este país y que despuntó a principios de los años ochenta. “La nacionalización del petróleo y el hierro, unida al incremento del precio del primero a partir de 1973, significó para el estado venezolano una masa importante de recursos, que en el marco de una estabilidad democrática desde 1958 y un crecimiento económico sostenido, y de los impactos de una crisis en los países industrializados sobre los países latinoamericanos no exportadores de petróleo, constituyó una coyuntura especial para la atracción de inmigrantes, particularmente colombianos”. (Mejía, 2012: 190)

En aquella época en la frontera colombo-venezolana el comercio se incrementó significativamente, beneficiados por la proximidad geográfica, muchos empresarios invirtieron en empresas y mantuvieron su capital en moneda venezolana, esto es, en bolívares. Los colombianos fronterizos hacían sus negocios en Venezuela, mientras que los venezolanos se trasladaban a la frontera del lado colombiano para hacer compras, las cuales resultaban ser muy rentables gracias al valor superior que tenía el bolívar frente al peso colombiano. A la par de estas condiciones, una cantidad de colombianos decidieron emigrar a Venezuela, motivados por la oportunidad que parecía ofrecer Venezuela frente a los problemas sociales que se vivían en Colombia en gran parte a causa del conflicto interno y la violencia que azotaba al país en ese momento. La interdependencia entre los dos países se hizo más profunda entonces. Las relaciones transnacionales y los vínculos familiares se fortalecieron con estos movimientos migratorios.

El 18 de febrero de 1983, denominado “Viernes Negro”, cambió el panorama y los movimientos migratorios de colombianos hacia Venezuela. “La caída de los precios del petróleo y la disminución de sus exportaciones agravaron circunstancias que se habían empezado a incubar en 1979 y se generó una condición de crisis que redujo drásticamente el flujo de colombianos hacia Venezuela y aceleró el retorno (Flores, 2006 citado en Mejía, 2012: 191). La debacle en el precio del bolívar frente al dólar a partir de entonces ha llevado una constante devaluación de dicha moneda hasta la fecha. Aquel amanecer del Viernes Negro en el que un gran número de colombianos llegaron a la quiebra representó un parteaguas en el intercambio y las relaciones binacionales entre Colombia y Venezuela.

En los años posteriores de la llegada a la presidencia Hugo Chávez en 1999 y con la devaluación paulatina de la moneda venezolana que venía ocurriendo desde los años 80, la dinámica de intercambio en las zonas fronterizas fue cambiando de dirección respecto a lo que había sido en los años previos de crecimiento económico venezolano. Con todos los cambios ocurridos durante más de una década, los colombianos fronterizos se adaptaron a nuevas formas de comercio y encontraron en las nuevas condiciones promovidas por el gobierno bolivariano de Chávez nuevas y diversas formas de subsistencia y de comercio, una de ellas y quizá la más documentada principalmente por los medios ha sido o fue el comercio informal de combustible traído desde Venezuela y vendido en Colombia, que representó durante muchos años grandes ganancias propiciadas por el precio del mismo en Venezuela (el más bajo en América Latina) y la diferencia en el tipo de cambio: el combustible en Venezuela es 20 veces más barato que en Colombia (uno de los más altos en América Latina) (Márquez, 2008).

Los beneficios que ofrecía el gobierno de Chávez a través de sus programas sociales en salud, educación, alimentación, beneficiaron a colombianos que tenían doble ciudadanía por los vínculos familiares fuertes entre los dos países, y también por el otorgamiento de cédulas venezolanas que promovió Chávez hacia el año 2003 cuando un alto número personas de nacionalidad colombiana obtuvieron ciudadanía venezolana. Los programas sociales, principalmente los denominados “Mercales”[1], fueron aprovechados por una parte de la población de los estratos medios y bajos en Colombia que adquirían productos de la canasta familiar en bolívares y los traían para su consumo o para ser vendidos en Colombia en moneda nacional. Así muchas familias utilizaron estos negocios como formas de subsistencia.

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Foto: Puente Internacional Simón Bolívar, Cúcuta, Colombia. 2008.

Con la muerte de Chávez, la crisis en Venezuela, que ya venía sucediendo, se agudizó de manera significativa. En la frontera la situación económica se presenta como crítica y el comercio se ha reducido drásticamente. El movimiento de personas es mínimo. Los colombianos que en el pasado emigraron a Venezuela están retornando con sus familias, así como ciudadanos venezolanos sin familia en Colombia.. Esta situación ha llevado a que Colombia se enfrente a procesos de inmigración y retorno, ante los cuales, según las autoridades de dicho país, no se tiene la capacidad necesaria para poder atender las necesidades de tanta población que ha llegado desde Venezuela. De acuerdo con diario El Tiempo “la oficina de Migración Colombia tiene reportados 40.000 venezolanos viviendo legalmente y calcula que estén 60.000 irregularmente,  pero investigadores y académicos estiman que son 900.000 los venezolanos -incluyendo los que tienen doble nacionalidad- (el 1,8 por ciento de la población colombiana), los que han llegado al país en los últimos 20 años, por el efecto de la llamada ‘revolución bolivariana’ y la crisis social en ese país.” (El Tiempo, 30 de marzo 2017).

En la frontera las condiciones para quienes han vivido del vaivén del bolívar y, en general, para toda la población de un lado y de otro, son complejas. Los colombianos ya no compran en Venezuela, no hay abastecimiento y la inflación es insostenible. Por el puente internacional Simón Bolívar transitan ahora muchas personas provenientes del territorio venezolano con la intención de quedarse en Colombia, con el deseo de buscar trabajo llegan a una de las ciudades colombianas con los más altos índices de desempleo. Las oportunidades en la frontera se agotan, en Cúcuta, capital de Norte de Santander, departamento fronterizo del lado colombiano, así como en los pueblos cercanos uno de los recursos de los que se echa mano es el trabajo sexual. Quienes cuentan con mayores recursos y redes sólidas logran moverse hacia otras ciudades, mientras que el gobierno colombiano intenta prepararse y buscar estrategias para responder a una situación que sin duda quedará registrada en términos migratorios como una gran ola de inmigración en Colombia, y en general, como un periodo complejo de cambios y transformaciones sociales profundas para ambos países.

Referencias:

Cancillería de Colombia, Oficina de migración. http://www.cancilleria.gov.co/colombia/migracion/historia

Márquez, Humberto, 2008, VENEZUELA: El costo de la gasolina más barata del mundo, Inter Press Service, http://www.ipsnoticias.net/2008/12/venezuela-el-costo-de-la-gasolina-mas-barata-del-mundo/

Mejía, William, 2012, Colombia y las migraciones internacionales. Evolución reciente y panorama actual a partir de las cifras, Revista Interdisciplinar de Mobilidade Humana, Brasília, Ano XX, Nº 39, p. 185-210.

Redacción El Tiempo, 2017, [Nota periodística], Venezolanos, la migración más grande en la historia del país, http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/venezolanos-la-migracion-mas-grande-en-la-historia-del-pais-72872

[1] La Misión Mercal S.A. (Mercado de Alimentos) es uno de los programas sociales incentivados por el gobierno venezolano. Creada oficialmente el 24 de abril de 2003, la Misión Mercal está destinada al sector alimentario, dependiente del Ministerio de la Alimentación.

El programa consiste en construir y dotar almacenes y supermercados con alimentos y otros productos de primera necesidad a bajos precios para que sean accesibles a la población más necesitada. Los alimentos están subvencionados y llegan a los estantes sin intermediarios, de manera que los precios ofrecidos suelen tener un descuento de entre el 30 y el 45 por ciento de los observados en las otras cadenas de distribución (Wikipedia)

Nota informativa desde Italia. El Decreto de Ley sobre la gestión de la inmigración y su “emergencia” inconstitucional

Por Valentina Cappelletti

valentina.cappelletti2@gmail.com

24 de abril de 2017

Cuestiones de “extraordinaria necesidad y urgencia”

En estos tiempos, como ocurrirá a la mayoría de las personas que publican y participan activamente en este blog, también la mirada de quien escribe se mantiene en estado de alerta con respecto a las disposiciones anunciadas por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en materia de política migratoria.

Sin embargo, el mismo impulso demagógico, la asociación de la inmigración con la cuestión de la “seguridad” y los mismos valores xenófobos -típicos de un nacionalismo de derecha siempre más predominante en el mundo occidental- que se suelen considerar como subyacentes a tales disposiciones, y que, en parte, justifican éste nuestro estado de vigilancia, no son del todo ajenos a las medidas recién aprobadas en Italia en mérito a la gestión de la inmigración.

Sin ganar la misma resonancia a escala global que la declaración de la edificación de un muro a lo largo de la frontera sur de Estado Unidos, el pasado 11 de abril la Cámara de los Diputados (Camera dei Diputati) con 240 votos a favor, 176 en contra y 12 abstenciones y con modificaciones mínimas, convirtió en ley el decreto-ley 17 de febrero de 2017, núm. 13, concerniente a las “disposiciones urgentes para la aceleración de los procedimientos en materia de protección internacional y para el contraste de la inmigración indocumentada”[1] .

Disponer sobre la gestión de la inmigración mediante el instrumento del decreto de ley[2] significa, ante todo, introducir la cuestión en un marco de “emergencia”, lo que va confirmando una línea de intervención adoptada por los gobernantes italianos (y europeos) que ha ido cristalizándose sobre todo desde 2011, con el aumento de los flujos hacia el País en concomitancia con la “Primavera árabe”, con la “Emergenza Nord Africa”. La governance de la inmigración se traduce, entonces, en operar con celeridad aplicando medidas “excepcionales” para enfrentar un supuesto estado de emergencia y de desorden que amenaza el ordinario desenvolvimiento de la justicia, fractura el orden social y afecta la percepción de la seguridad de la ciudadanía.

Así, en la relación que acompaña el “Decreto Minniti”, por el apellido del Ministro del Interior que lo propuso, se dan cuenta de todos los presupuestos de “extraordinaria necesidad y urgencia” que justifican la adopción de esta medida. Entre ellos encontramos la exigencia de acelerar:

  • la definición de los procedimientos administrativos de las Comisiones Territoriales para el reconocimiento de la protección internacional, a raíz del aumento de este tipo de solicitudes y del número de las impugnaciones jurisdiccionales que están atascando los tribunales;
  • la identificación de ciudadanos extranjeros para enfrentar la creciente exigencia conectada con “las crisis internacionales en curso”;
  • la definición de la posición jurídica de los que son conducidos en el territorio nacional en ocasión de los rescates por mar o porque son localizados en el territorio nacional;
  • el fortalecimiento de la red de centros, de estructuras, que garanticen la eficacia de la ejecución de la expulsión de extranjeros que se encuentran residiendo irregularmente en el País.

En efecto, las recientes elaboraciones de los datos del Ministerio del Interior y de la UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), efectuadas por la Fundación ISMU (Indagini e Studi sulla Multietnicità), registran en los primeros tres meses del 2017 la entrada por las costas italianas de más de 24 mil migrantes, en aumento de un 30% con respecto al mismo periodo del año pasado. Además, en comparación con los primeros dos meses del 2016, también sube de un 60% el número de los solicitantes de asilo. En 2016, las Comisiones Territoriales examinaron más de 90 mil solicitudes, y el 60% de ellas tuvieron un éxito negativo (en 2015 el porcentaje de denegaciones fue de un 39%) (Gráfica 1 y 2).

Gráfica 1: Migrantes llegados por mar y solicitantes de asilo en Italia, 1997-2016.Fuente: Elaboraciones ISMU de los datos del Ministerio del Interno y de UNHCR

 Gráfica 2: Éxitos de las solicitudes de asilo en Italia, 2010-2016 Fuente: Elaboración ISMU de los datos del Ministerio del Interior

Como se puede apreciar de las gráficas, estos datos vienen a confirmar una tendencia vigente ya desde hace algunos años, y eso, en parte, debilitaría la categoría de emergencia bajo la cual el decreto ha sido emanado[3]. Sin embargo, lo que está causando la amonestación de diferentes juristas, partidos políticos[4], operadores sociales y asociaciones de la sociedad civil[5] que han acompañado con protestas todo el iter de aprobación del decreto, son los preceptos clave de la disposición, considerados incongruentes con algunos artículos de la Constitución Italiana y de la Convención Europea de Derechos Humanos.

Los puntos críticos del Decreto Minniti

Cada uno de los puntos que componen el Decreto Minniti merecería ser entendido y analizado en detalle. Entre ellos cabe mencionar la decisión, poco justificada en el Decreto, de potenciar en el continente africano la red diplomática y consular con la creación de diez unidades, cuya realización absorberá un presupuesto financiero de 551.164 euros entre el año 2017 y 2019. O, por ejemplo, la institución de “Puntos de crisis”, pensados para simplificar el proceso de identificación sobre todo de los migrantes rescatados por mar, en los cuales, a parte otorgar información sobre las procedimientos de protección internacional, sobre el programa de recolocación en otros estados miembros de la UE y sobre la posibilidad de recurrir a un repatrio voluntario, se llevarán a cabo las operaciones de primero auxilio y recolección de las huellas digitales.

Sin embargo, examinaremos aquí los puntos que transforman de manera tajante el management de la inmigración en Italia. Abordaremos las modificaciones que levantan acusaciones de inconstitucionalidad y la perplejidad de quien, de este Decreto, deriva la única preocupación del gobierno de agilizar los procedimientos para el análisis de las impugnaciones de los migrantes sobre las solicitudes de asilo negadas por las Comisiones Territoriales, por un lado, y por el otro, de aumentar las expulsiones de los inmigrados más incomodos: los que llegan de la ruta líbica.

En práctica, las Comisiones Territoriales representan el primer escalón para que al migrante, mediante un procedimiento administrativo, se le reconozca (o no se le reconozca) una forma de protección internacional (asilo político, protección subsidiaria o humanitaria). Se componen de cuatro representantes: dos del Ministerio del Interior, uno de los entes locales y otro del UNHCR. La Comisión se encarga de entrevistar al solicitante de asilo en presencia de un interprete. De esta audiencia se genera una videograbación y una transcripción en lengua italiana. Hasta la fecha, en caso de deniego, el migrante puede impugnar la decisión de la Comisión frente a tribunales ordinarios, cuya sentencia de primer grado, emanada después de una audiencia, puede ser ulteriormente impugnada frente a una Corte de Apelación, y en última instancia, en la eventualidad de un nuevo deniego, frente al Tribunal de Casación.

En primer lugar, el Decreto Minniti, introduce un nuevo modelo de juicio: convierte la audiencia del primer grado en un “rito camerale”, esto significa que el Juez tomará su decisión sin una audiencia de vista con el migrante y sus defensores, es decir, sin poderle hacer preguntas, sin la presencia de sus abogados[6], solamente basándose en la toma de visión de la videograbación y de la transcripción de la entrevista proporcionadas por las Comisiones Territoriales. Por lo tanto, la eliminación de la audiencia, es decir, la erosión del principio de contradicción, comporta la adquisición de primordial importancia tanto del material entregado por las Comisiones, así como de la resolución por ellas emitida. Justamente hacia la jurisdiccionalización de estos organismos de la administración pública, se ha manifestado la inconformidad de los grupos que se oponen al Decreto. Aunque se apruebe también el reforzamiento de estas Comisiones con la asunción de personal “altamente cualificado” de tiempo indeterminado (250 unidades), se critica cómo la decisión sobre el reconocimiento de una violación al derecho a la vida de los migrantes en sus países de procedencia, descanse superficialmente en un procedimiento administrativo y en una entrevista en la cual, además, el solicitante acude sin un representante o un defensor.

En segundo lugar, las impugnaciones de primer grado serán atendidas por tribunales especializados. El Decreto, de hecho, crea 26 secciones de tribunales especializadas en materia de inmigración, protección internacional y libre circulación de los ciudadanos de la Unión Europea, ubicadas en los tribunales donde se ubican también las Cortes de Apelación, sin que su institución implique una carga adicional sobre las finanzas públicas. Tales secciones, como se establece en el texto de ley, serán compuestas por Jueces dotados de específicas competencias, garantizadas mediante cursos de formación y especialización[7], y dando prioridad a aquellos Jueces que ya hayan acumulado experiencia en el tratamiento de procedimientos en materia migratoria.

Pero es el tercer punto a despertar mayores perplejidades. El Decreto elimina la apelación en segundo grado a la decisión del primer grado emitida por estas secciones especializadas, dejando solamente al migrante la posibilidad de apelar ante el Tribunal de Casación en un plazo de 30 días y recibir una sentencia definitiva e incontestable. No sobra mencionar que muchos reconocimientos de protección subsidiaria e internacional hasta ahora han sido otorgados solamente en consecuencia de las impugnaciones de la resolución de las Comisiones Territoriales.

Las cancelación de la apelación en segundo grado y de la audiencia en el primer grado, violaría los artículos de la Constitución Italiana y de la Convención Europea de derechos Humanos que prohíben la institución de jueces extraordinarios o especiales (Art. 102), que garantizan el derecho al debido proceso (Art. 111), el derecho de defensa (Art. 24) y el derecho a ser oído (Art. 6 de la Convención Europea), creando un “derecho especial”, somero, apresurado, y basado en la inquietud de expulsar a los migrantes en el menor tiempo posible. Se está produciendo una especie de derecho “excepcional”, “diferencial” o “étnico”, o cómo se le quiera definir, ejercido, por el que se perfila como un pool “especializado” (que nunca se había creado en el País por ejemplo para el tratamiento de problemáticas igualmente enraizadas y urgentes como la corrupción), sobre una categoría “especial” de individuos, cuyo trato frente a la ley difiere del trato reservado a los ciudadanos italianos, no obstante se aplique en el mismo territorio jurisdiccional.

Para esta población de excepción, no podía faltar en el Decreto también la institución de espacios de “excepción”, retomando una intuición del filósofo Giorgio Agamben, de espacios al limite de la legalidad, “liminales”, como los definiría el antropólogo escocés Víctor Turner. En el Decreto se elabora una ulterior versión de las estructuras instituidas para retener a los extranjeros objetos de medidas de expulsión o de devolución con acompañamiento coactivo a la frontera en caso de que la decisión no sea de ejecución inmediata. En breve, se trata de una actualización de los viejos CPT (Centros de Permanencia Temporal) creados en el 1998 con la Ley Turco-Napolitano, sucesivamente transformados en CIE (Centros de Identificación y Expulsión) con el decreto de ley del 2008 tocante a las “Medidas urgentes en materia de seguridad pública”, ambos híper criticados por la falta de condiciones humanitarias adecuadas y por la suspensión de derechos humanos que se experimentaba sistemáticamente a su interior. El modelo de última generación de tales centros de confinamiento, cuya red será ampliada a cubrir todo el país (uno por región) con un gasto para su realización de 13 miliones de euros, tomará el nombre de CPR (Centro de Permanencia por el Repatrio). Los CPR serán ubicados preferiblemente en las áreas externas a los centros urbanos y fácilmente alcanzables, cercanas a los aeropuertos, como afirmado por el mismo Ministro Minniti, a garantía de la efectividad y de la rapidez de la operación de repatrio.

El rol que el Decreto asigna a los responsables de estos centros de detención administrativa también ha sido objeto de crítica, ya que sobre ellos recaerá la responsabilidad de comunicar a los solicitantes ahí hospedados las notificaciones de las actas de los procedimientos para el reconocimiento de la protección internacional procedentes de las autoridades policiales y de las Comisiones Territoriales. En este sentido, estos actores, en lugar que mantenerse parte tercera, van asumiendo el papel de brazos operantes de la esfera administrativa y de intermediarios entre ésta y los solicitantes, acercándose así a la figura del público oficial.

La siguiente disposición, que interesa a quien aspire a la protección internacional mientras se encuentre en el limbo de la jurisdicción italiana, también nos resulta bastante controvertida. El Ministro Minniti ha tenido la premura de insertarla en esta resolución de emergencia, aunque no se relacione directamente con los presupuestos de “extraordinaria necesidad y urgencia” mencionados al principio del texto de ley. En sustancia, se animan los Municipios, en acuerdo los Prefectos, a promover la participación de los solicitantes en actividades de utilidad social a favor de las colectividades locales que los están acogiendo. Sin embargo, deberá tratarse de actividades “con base voluntaria”, gratuitas, a menos que no se desarrollen en el marco de proyectos financiados por los mismos Municipios, en colaboración con las organizaciones no-profit, con recursos europeos destinados al sector de la inmigración y del asilo. Según la opinión de los grupos que se oponen al Decreto, esta especie de voluntariado social coincidiría, a todo efecto, con una forma de esclavitud contemporánea, con la legalización de una práctica de explotación de mano de obra que, a la vez, reviva una actitud paternalista adoptada históricamente por el gobierno italiano hacia ciertas categorías de inmigrantes. ¿Cuál deuda han contraído estos migrantes con nuestro País para que se les esté sutilmente exigiendo trabajar sin remuneración?

El abuso de la emergencia

Sin duda el Decreto Minniti representa otro punto de inflexión en la gestión italiana de los cuerpos migrantes. Quien promueve esta disposición es un gobierno recién formado (a raíz de las dimisiones del ex premier del Partido Democrático, Matteo Renzi). Un gobierno instable y dotado de una consenso popular débil, cuya mayoría insiste con identificarse con una izquierda moderada y progresista. Sin embargo, ideológica y prácticamente, el Decreto sigue trazando una línea de continuidad con las políticas autoritarias emanadas por gobiernos de derecha, como el paquete de seguridad Maroni o la Ley Bossi-Fini. Leyendo el texto de esta ley, de hecho, tenemos la sensación de deshojar las páginas de una novela ya leída.

A través de esta disposición se manifiesta la necesidad de ceder a las presiones de las agrupaciones de derecha, así como el año pasado la Comisión Europea tuvo que ceder a las condiciones de la Turquía de Erdogan, para controlar una instabilidad política crónica en el País, a la cual consigue un régimen de campaña electoral permanente. A la vez, se hace tangible la urgencia de este gobierno de intervenir en un tema extremamente delicado e incomodo de discutir en proximidad de posibles votaciones, como se deriva de su sistemática omisión en los programas de los partidos y en general en los últimos debates políticos preelectorales.

Así, la ficción social de la emergencia, como la de la crisis, viene en auxilio a las exigencias políticas, relacionadas con la coyuntura nacional e internacional, de un País que tiene que mantenerse en equilibrio entre los poderes del estado-nación y los vínculos políticos, económicos y jurídicos impuestos por la acción unilateral europea. La emergencia, con sus prácticas discursivas, se manifiesta como una categoría política, que puede ser arbitrariamente movilizada para otorgar al ejecutivo “poderes plenos”, para legitimar acciones al margen de la constitucionalidad con el consenso de una masa persuadida, por ejemplo, que la guerra al terrorismo se pueda combatir también a golpes de decretos migratorios.

En el ámbito de la elaboración de políticas migratorias se está, entonces, confirmando un patrón de gestión del cual los gobiernos italianos ya han experimentado y explotado la libertad de acción que le es implícita, en ocasión de los desastres naturales como los temblores en el centro del País de los últimos ocho años. La misma libertad de acción de la cual gozaba quien, poco tiempo antes de la explosión del caso de corrupción conocido como “Mafia Capitale” del 2014, afirmaba: “con los inmigrantes se gana mucho más dinero que con la droga”, con base en una experiencia consolidada en la asociación de carácter mafioso, que, en colaboración con funcionarios de gobierno, maniobraba la asignación de los fondos públicos destinados al sistema de acogida italiano.

En primer lugar, la “emergencia” exige soluciones inmediatas y exhorta a pasar directamente a la acción, a la gestión antes que a la comprensión. En segundo lugar, actuar bajo la lógica de la emergencia significa abrazar una aproximación “técnica” en la descripción de la porción de realidad social sobre la cual se quiere intervenir, lo que encubre la naturaleza meramente política y conflictual tanto del “problema”, así como de su misma gestión con los capitales que esta moviliza.

De este modo, como ha ocurrido con la aprobación de este Decreto, proceder bajo el marco de la emergencia significa no tener tiempo para un debate político exhaustivo, ni para la confrontación con los grupos extra parlamentarios, como los que se están oponiendo a la disposición de Minniti, y en general con los representantes del tercer sector: una caldera heterogénea de actores, algunos de ellos más militantes y activos en el campo, no necesariamente especializados, pero que, muchas veces, representan la única voz de las personas destinatarias de estas políticas. En cambio, me parece de detectar la voluntad de alienar a los “incompetentes”, es decir, estos y otros sujetos que no pertenecen al establishment, del proceso de toma de decisión sobre los cuerpos de los migrantes, convirtiendo la cuestión en un asunto exclusivo de tratar en los palacios de la política, o por una expertise cuya competencia debe de ser reconocida y controlada por el mismo estado.

La urgencia a actuar implica, además, soslayar el emprendimiento de un esfuerzo de comprensión del fenómeno migratorio en sus varios niveles y dimensiones. Conceptos evanescentes como el de “emergencia” o de “crisis” despiertan un imaginario que evoca el caos, algo indefinido. La “emergencia inmigración” o la “emergencia prófugos” ocultan el carácter estructural del fenómeno, dan la idea de un hecho inmanente que se abate ex maquina en nuestro presente, por lo cual se vuelve infructuoso cada intento de desentrañar el ovillo de responsabilidades y causas latentes.

Así, queda enredada la trama de figuras que participan y las que se benefician de este movimiento de personas y de su gobierno. Quedan indescifrados los multíplices motivos que empujan a huir de los contextos del sur del mundo a esta masa de prófugos: una masa percibida, en consecuencia, como una horda indiferenciada de “migrantes económicos”, así como etiquetados por los que no quieren reconocer la violación de derechos fundamentales para sacudirse del deber de dar asilo. Quedan disimuladas las responsabilidades de la degeneración del mismo sistema de gestión de la acogida. De la misma manera, queda encubierta la irreversibilidad del fenómeno, y esto representa a mi entender el corolario más crítico de la lógica de la emergencia que inspira esta disposición. La urgencia de expulsar a los prófugos que llegan por mar a través de esta agilización de las prácticas procesales insinúa un éxito en poner fin al alarme de la inmigración indocumentada, y la sanación de una situación transitoria. El Decreto Minniti no soluciona la emergencia, así como la inmigración no es un hecho transitorio. Más bien, el rechazo en reconocer las repercusiones de estos flujos en la modificación del tejido social y del paisaje cultural italiano y europeo y la reticencia en adoptar un enfoque procesual a la hora de elaborar políticas, generan soluciones provisorias, que dispensan del tomar un compromiso en el largo plazo. De hecho, conceptos que implican la asunción de una dimensión longitudinal del fenómeno, como lo es, por ejemplo, el de integración, con sus prácticas, queda un espejismo en el Decreto, una palabra demodé, a menos que no se le confunda con las prácticas de voluntariado social a favor de las colectividades locales a las que se invitan a los solicitantes de asilo.

¿Por qué los fondos dedicados a la ampliación de la red consular en Africa no se han destinado a los tribunales ordinarios, en lugar que eliminar un grado de apelación y la audiencia a vista? ¿Por qué tanta premura en promover el trabajo no remunerado (porque de eso se trata), en lugar que crear espacios de colaboración y tomas de decisión entre la ciudadanía local y los solicitantes de asilo, orientados a generar prácticas o actividades socialmente útiles, para el bienestar común y en el respeto de la dignidad de las personas? ¿Por qué no se han reforzado los canales de entrada legales por razones de estudio o de trabajo?

La emergencia y la militarización del asilo no generan soluciones, generan gestiones. Producen una praxis fuera del marco político-jurídico ordinario como lo son los centros de detención administrativa, hacen de la excepción una regla y llevan a la paradoja de que la protección de los derechos de los inmigrantes tenga que ser necesariamente mediada por su transgresión.

Notas:

[1] En italiano: “disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale”. El Decreto Minniti ha sido presentado a la Cámara y sucesivamente convertido en ley junto con otro Decreto, promovido también por el Ministro de la Justicia Orlando, concerniente la seguridad urbana.

[2] El decreto de ley es un acta normativa que usa el gobierno en casos extraordinarios de necesidad y urgencia. Se trata de una disposición provisoria emanada por el poder ejecutivo que tiene fuerza de ley desde su presentación a la Cámara de diputados y su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, antes de ser autorizada por el Parlamento. Entra en vigor de inmediato y para que no pierda eficacia tiene que ser convertido en ley por el Parlamento dentro de los siguientes 60 días.

[3] Esta categoría se debilita aun más si pensamos que el Decreto entrará en vigor dese el 17 de agosto de este año.

[4] Partidos políticos como Radicali italiani y Sinistra italiana.

[5] Asociaciones como: Arci, Acli, Fondazione Migrantes, Baobab, Asgi, Medici senza frontiere, Cgil.

[6] El Juez puede tomar en consideración la posibilidad de una comparación entre las partes.

[7] Tales cursos serán organizados por la Escuela Superior de la Magistratura en colaboración con la Oficina Europea de Apoyo para el Asilo y con la UNHCR.

Discriminación Histórica y la Población Inmigrante en los Estados Unidos

Miguel Mariano Alatorre | mariano.alatorre@gmail.com

El actual clima antiinmigrante que se percibe en amplios sectores de la sociedad estadounidense no es nada nuevo. Sin embargo, este tipo de retórica y acciones tan hostiles y abiertamente enfocadas en grupos específicos de gente hace tiempo que no provenían de un presidente estadounidense. El discurso del Sr. Trump es tan incendiario que Amnistía Internacional recientemente advirtió, en su reporte sobre derechos humanos, que representa un peligro para el mundo, ya que –entre otras cosas- convierte en “chivos expiatorios y deshumaniza a grupos enteros de personas”.

EL SUPER MURO DE TRUMP Y UN POCO DE HISTORIA DE POLÍTICA MIGRATORIA

En mi opinión, el muro de Trump cumplirá dos funciones principales. Una será intentar desalentar el flujo de inmigrantes sin documentos al forzarlos a tomar rutas más complicadas y al mismo tiempo elevar los costos económicos para cruzar. Pero más importante que eso será el erigir estructuras simbólicas en puntos estratégicos de la frontera para consumo interno. Nada nuevo bajo el sol, esto será una repetición (probablemente en mayor escala) de acciones emprendidas desde hace dos décadas.

La decisión de construir un muro a lo largo de la frontera en este momento es contenciosa por al menos tres razones (además de las humanitarias): Una es que el muro ya existente que se construyó en los 90’s no detuvo realmente la migración ilegal, de hecho, es posterior a la construcción del muro que los intentos de cruce alcanzan máximos históricos. Segundo es que precisamente durante los últimos diez años ha estado en constante disminución la cantidad de inmigrantes que intentan llegar a los EE.UU. En 2015 se registró el menor número de retornados “voluntarios” en la frontera sur desde 1968. Y tercero, es que costará mucho, mucho dinero, hasta 20 mil millones de dólares de acuerdo a algunas estimaciones. La obsesión de Trump por construir el muro parece que tiene menos que ver con razones pragmáticas y más con una peligrosa demagogia. Esta es una demostración muy pública hacia los sectores más conservadores de la sociedad norteamericana de que efectivamente los está “protegiendo” de los invasores del sur que amenazan con la destrucción del american way of life.

A continuación se presentan dos gráficas de fuentes distintas. Una contiene datos proporcionados por el gobierno de EE.UU. y la otra de El Colegio de la Frontera Norte en colaboración con distintas entidades gubernamentales mexicanas. Emplean metodologías distintas y registran eventos diferentes. Los retornos voluntarios son registros de personas que han sido detenidas por autoridades estadounidenses en algún punto de la frontera o cerca de ella y regresados a su país de origen sin haber sido oficialmente deportados. La Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte (Emif Norte) por su parte, encuesta en distintos puntos migratorios estratégicos a migrantes mexicanos que tienen la intención de cruzar hacia los EE.UU. Los datos de ambas fuentes indican una disminución de eventos migratorios en la frontera.

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El muro de Trump será solamente parte de la historia. Nueva legislación en materia migratoria tiene el potencial de afectar de manera más profunda a mucho más gente que una barrera física. Hiroshi Motomura (2011) recuerda que la legislación migratoria ha tenido tintes discriminatorios con base en prejuicios raciales, étnicos o de género[1] desde los albores de los Estados Unidos como nación.

Un ejemplo es la primera ley de inmigración de la joven nación independiente, la cual establecía en 1790 que la ciudadanía por naturalización únicamente podía ser otorgada a personas blancas libres y de buen carácter moral[2]. En 1882 se promulgó la Chinese Exclusion Act[3] (Ley de Exclusión de Chinos), una de las leyes más restrictivas y abiertamente racistas en la historia de los Estados Unidos, que tenía como intención explícita eliminar la inmigración de un grupo étnico específico. Y durante la Segunda Guerra Mundial, más de 110,000 inmigrantes de origen japonés incluyendo 70,000 con ciudadanía estadounidense (Zolberg, 2006:298) fueron reubicados en campos de internamiento.

A pesar de los ejemplos anteriores, hasta mediados del siglo XX la mayoría de inmigrantes provenían no de Asia, Africa o América Latina, sino de Europa. Es decir, realmente es a partir de 1965 con la modificación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA[4] por sus siglas en inglés) que la composición de la población inmigrante comienza a cambiar de una mayoría de origen europeo a una proveniente de América Latina y Asia.

Antes de 1965 la mayor proporción de inmigrantes eran de origen europeo debido en parte al sistema de cuotas[5] que regía la política migratoria desde los años 20, con el cual se estableció un sistema de límites numéricos o cupos a todos los inmigrantes con base en orígenes nacionales, esto con la finalidad de mantener la composición étnica (i.e. mayoritariamente blanca) de los Estados Unidos (Higham, 2002).

Lo anterior no significa que los inmigrantes europeos que llegaron durante el siglo XIX o durante la primera mitad del XX no hayan experimentado discriminación por parte de la población blanca nativa. Los italianos, por ejemplo, eran fuertemente “despreciados” (Alba, 1985:136) por los nativos blancos cuando aquellos comenzaron a arribar en grandes cantidades durante el periodo anteriormente mencionado, particularmente entre 1890 y 1910. Los ejemplos desafortunadamente abundan, alemanes (sobre todo durante las dos guerras mundiales), irlandeses (por ser católicos), judíos, musulmanes, etc.

Regresando a épocas más recientes, es en 1993 y 1994 que comienza la militarización de la frontera bajo las órdenes de W. Clinton con las iniciativas “Hold the Line” y “Gatekeeper” (también conocida como operación Guardián). Realmente es durante la presidencia de Clinton que se erige el muro que muchos en Tijuana conocemos y que posteriormente se fue expandiendo (e.g. Secure Fence Act de 2006). En los 90’s también presenciamos la controversial “Proposición 187” en California. Por otra parte, desde 1996 (con la promulgación de la Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Actlas leyes migratorias han limitado los caminos hacia la regularización migratoria al mismo tiempo que han incrementado el universo de inmigrantes irregulares. Similar a lo que sucede en la actualidad, hace 20 años se vivía en algunos sectores de la población de los EE.UU., un tenso clima político respecto de la migración, o como diría Nicholas De Genova (2004:176) de “nativismo intensificado y racismo antiinmigrante”. Si resulta familiar este discurso en pleno año 2017, es porque lo es.

POBLACIÓN INMIGRANTE EN RIESGO DE DEPORTACIÓN

Donald Trump no tardó ni siete días en su nuevo puesto para emitir una serie de órdenes ejecutivas que sientan el tono de lo que será su política migratoria durante su mandato. A grandes rasgos, establece que todas aquellas personas que son deportables (sin autorización para permanecer en los EE.UU.) sean deportadas. Esto contrasta con políticas de la época de B. Obama, en donde la atención se enfocaba en inmigrantes con antecedentes criminales. Para ser justo, debo mencionar que no es la primera vez que se tiene la intención por parte del gobierno estadounidense de deportar a una población entera. Este honor le corresponde a Operación Endgame del año 2003. Como su nombre lo indica, tenía un objetivo muy claro y ese era el de establecer el final del juego a los inmigrantes indocumentados. Su meta principal consistía en “deportar a todos los inmigrantes deportables”, en efecto, esa era la “medida de oro” con la cual se regía el gobierno del presidente Bush, Jr.

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¿Cuántas personas corren el riesgo de ser deportadas por el gobierno de Donald Trump? Bueno, de entrada sabemos que un ciudadano estadounidense no puede ser deportado de su país, así que consideraremos únicamente a la población inmigrante, es decir, aquellas personas que no nacieron en los EE.UU. (o alguno de sus territorios o posesiones). En 2015 había en EE.UU. más de 46 millones de inmigrantes, por mucho la mayor población inmigrante en cualquier país del mundo. De esa población, poco menos de la mitad se han naturalizado ciudadanos estadounidenses, lo que significa que esas personas no pueden ser deportadas.

La otra mitad, aproximadamente 22.5 millones de personas, está conformada por inmigrantes sin ciudadanía. En este grupo se incluyen personas con visas de todo tipo (incluyendo residentes legales permanentes), así como aquellas personas que no tienen documentos migratorios en regla. La posesión de una visa no necesariamente es garantía de permanencia en el país. Al momento de expirar no es seguro que será renovada, y también puede ser cancelada por el gobierno (si este así lo considera necesario) en cualquier momento. Inclusive las personas que tienen residencia legal permanente (i.e. green card) no están exentas de riesgo mientras tanto no obtengan la ciudadanía. Finalmente, del total de inmigrantes que no tienen ciudadanía, se estima que más de 11 millones se encuentran de manera indocumentada (seis millones son mexicanos). Esta es la población de inmigrantes más vulnerable y en mayor riesgo de deportación.

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En relación a los inmigrantes indocumentados que no poseen un estatus migratorio legal para residir o ingresar al país, debemos tener presente que la ilegalidad migratoria es enteramente un constructo social y legal fundamentado en leyes que han sido legisladas conforme a los intereses nacionales de los EE.UU., y consecuentemente “reforzadas por la cultura popular” (Johnson, 1997).  Es decir, las leyes de inmigración no solamente definen los requisitos de la legalidad y de quien es el inmigrante legal, sino que por definición determinan quien no lo es. Los requisitos para migrar de manera documentada a EE.UU., para obtención de ciudadanía, inclusive para determinar quién es deportable o no, han cambiado con el tiempo y continuarán cambiando.

Estos cambios en materia migratoria ya están en marcha, y dejan muy en claro que el discurso de campaña de Trump no se quedó en eso, en discurso, sino que se está materializando en política. En cinco semanas que lleva en la presidencia ya ordenó la construcción (ampliación) del muro con México; emitió acciones ejecutivas para limitar la migración de personas provenientes de países predominantemente musulmanes; restringió severamente el Programa de Admisiones a Refugiados; ha ordenado el reclutamiento de miles de nuevos oficiales para las agencias de Inmigración y Control de Aduanas y Protección Fronteriza (ICE, CBP); anunció la creación de una agencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para atender a víctimas de crímenes cometidos por inmigrantes. Y prácticamente ha sentado las bases legales para la posible deportación de todo inmigrante sin documentos. Con la llegada de Trump a la Casa Blanca los cambios en política migratoria no presagian nada bueno para los millones de inmigrantes y sus familias que están establecidos en el país.

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TEMOR GENERALIZADO ENTRE LA POBLACIÓN INMIGRANTE

Pocos días antes de la toma de posesión de Trump, platicaba en el este de Los Angeles, con un señor nacido en México y que tiene desde mediados de los 70’s viviendo en la ciudad. Él se naturalizó ciudadano desde hace años y todos sus hijos son nacidos allá. Me decía que en la comunidad se percibe una fuerte intranquilidad por parte de los vecinos, sobre todo aquellos que tienen familiares sin documentos. Hablaba de que había visto en semanas recientes “caravanas enteras de familias” que empacaban sus cosas y se marchaban rumbo a México. Cierto o no, aun es prematuro para saber si habrá algún incremento notable en el retorno de mexicanos como consecuencia de la actual situación en aquel país.

Semanas después conversaba con algunos empleados del consulado mexicano en Detroit, Michigan[6]. Lejos de Los Angeles y California, en donde la población de inmigrantes hispanos es muy superior a cualquier otra entidad del país (ver gráfica siguiente), la intranquilidad entre los inmigrantes parece ser aun mayor. Los funcionarios me comentaban que están atendiendo a mucho más gente de lo habitual. Muchísimos connacionales están acudiendo al consulado debido a la incertidumbre de lo que sucede. Algunas de las acciones preventivas que los inmigrantes están tomando son la obtención de actas de nacimiento mexicanas para sus niños nacidos en EE.UU. De esta manera tienen comprobante de la doble nacionalidad en dado caso de que la familia se vea obligada a salir del país como consecuencia de la deportación de uno de los miembros. También se sabe de inmigrantes indocumentados que inclusive han transferido la propiedad de casas o negocios a sus hijos estadounidenses debido al temor de enfrentar una deportación. En tono de  broma otros dicen que preferirían quemar su casa antes de dejársela a los güeros. Estos testimonios y otros indican a que existe una creciente ansiedad generalizada en comunidades de inmigrantes.

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Aunque los inmigrantes latinoamericanos han sido el grupo principal de atención de la política migratoria estadounidense en las últimas décadas, el inmigrante como tal (independientemente de su origen) ha sido históricamente blanco fácil al momento de buscar respuestas sencillas a problemas complejos de la sociedad norteamericana.

Probablemente el mayor daño de la presidencia de Donald Trump ya está hecho. Y ese es el de haber reavivado en un amplio sector de la población estadounidense el fuego de la xenofobia, racismo, misoginia e intolerancia. De manera todavía más preocupante es que no sea así, quizá lo peor para los millones de inmigrantes en Estados Unidos aún está por venir, en forma de leyes e iniciativas que denigran y criminalizan a poblaciones enteras.

 

 

 

[1] Lectura recomendada en este tópico es el libro de Martha Gardner, “The Qualities of a Citizen: Women, Immigration and Citizenship, 1870-1965”.

[2] United States Naturalization Law of March 26, 1790, 1 Stat. 103.

[3] An Act to execute certain treaty stipulations relating to Chinese, Ley Pública 47-126.

[4] H.R. 2580; Ley Pública 89-236 (Congreso, 1965), en vigor a partir del 3 de octubre de 1965 cuando fue firmada por el Presidente Lyndon Baines Johnson.

[5] El “sistema de cuotas” en realidad se refiere a la Emergency Quota Act de 1921, Ley Pública 5 del 67 Congreso (Congreso, 1921) y la subsecuente Ley de Inmigración de 1924, Ley Pública no. 139 (Congreso, 1924) .

[6] Estado que ganó Trump en la elección presidencial. Primera vez desde 1988 que los republicanos ganan Michigan.

 

Referencias Bibliográficas:

Alarcón, Rafael y Luis Calva Sánchez, 2014, La Emif Norte y la deportación de migrantes mexicanos de Estados Unidos (1999-2012), en 20 años de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México, comps., Consejo Nacional de Población (Conapo).

Alba, Richard D., 1985, The Twilight of Ethnicity Among Americans of European Ancestry: The Case of Italians, Ethnic and Racial Studies.

De Genova, Nicholas, 2004, The Legal Production of Mexican/Migrant “illegality”, Latino Studies, 2004, 2, (160-185).

Higham, John, 2002, Strangers in the Land: Patterns of American Nativism, 1860-1925, Rutgers University Press.

Johnson, Kevin R., 1997, “Aliens” and the U.S. Immigration Laws: The Social and Legal Construction of Nonpersons, The University of Miami Inter-American Law Review, Vol. 28, No. 2, International Law, Human Rights, and LatCrit Theory (Winter, 1996/1997), pp. 263-292.

Motomura, Hiroshi, 2011, Who Belongs?: Immigration Outside the Law and the Idea of Americans in Waiting.

Zolberg, Aristide R., 2006, A Nation by Design: Immigration Policy in the fashioning of America.

 

 

CON CARA AL 2017: RETOS Y OPORTUNIDADES EN UNA POBLACIÓN DIVERSA COMO LA MEXICANA

Por Maya Cervantes

Ante la inminente llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, hay temores e incertidumbre sobre lo que sucederá con la economía, trabajo y seguridad de los mexicanos. Estas angustias no son infundadas, y no se debe menospreciar las implicaciones futuras de los manejos de la política exterior y los tratados comerciales con países extranjeros. Sin embargo, también es un momento para dirigir la mirada hacia lo que sucede dentro del país, aprovechar la riqueza social y cultural, así como identificar los males que lo aquejan y empezar la reconstrucción de la sociedad desde dentro, para no sólo poder sobrevivir, sino mejorar.

México es un país violento con 10,301 homicidios dolosos registrados en la primera mitad del año (SEGOB, 2016). A pesar de esto, hay personas de otros países como Guatemala, El Salvador y Honduras, que lo escogen como lugar de destino debido a que lo perciben como un lugar más seguro en donde incluso podrán tener una mejor calidad de vida, como se puede ver en el siguiente testimonio de Roger[1]:

“Fíjese que el tío mío cuando lo mataron, la policía estaba a una cuadra y más bien ellos resguardaron a los que mataron a mi tío. La Policía esta corrupta pues. Esa banda que mató a mi tío… de allí donde somos nosotros… emigró de allí toda la gente, los mataban y los corrían. A nosotros nos corrieron. Ya no vivíamos allí en donde vivíamos antes, hace tres años que nos fuimos. Ajá y uno va a poner denuncia y ellos todo lo saben porque la policía, la misma investigación, le pasa la información a ellos, está bien difícil. Aquí [México]es más tranquilo.” (Roger, hondureño, 30 años, 2016).

También podemos ver la percepción de que México se encuentra en una mejor situación que Honduras en esta conversación en la que intervienen Mirella y su esposo Héctor en la que comienzan hablando de una torcedura de pie que tuvo Héctor por huir de los agentes migratorios:

“Héctor: […] sólo me estiré con el pie izquierdo. Ella me tuvo que levantar más bien. Bien agüitada se puso porque ¡pucha amor! me dice: regresémonos. Estás loca, le digo. Qué me ves sufriendo aquí, pero yo no me voy a ir a hambriar a Honduras otra vez.

Mirella: Esta fea la situación allá en Honduras.

Héctor: Por eso es que existe mucha maldad allá. Porque hay mucha hambre pues y lo que están haciendo es. ¿Cómo le explico? hay gente que es corrupta, usted sabe, en vez de llevar un programa alimenticio llevan un programa de drogas. Porque saben lo que es el dinero, cocaína, heroína y cuanta cosa allí. De doce, trece años ya andan metiéndose cocaína y crack y todo eso ¿Me entiendes verdad? Porque está a la mano de cualquiera. Tenés, ten esto, ten esto porque lo que quieren es enviciarlo. Cuando tu estás enviciado tienes que salir a matar y a robar y hacer cuanta cosa para pagar sus vicios.” (Mirella, 33 años, Héctor, 31 años, hondureños, 2015).

En estos testimonios, se conjugan el hambre, la corrupción, el uso de drogas, la violencia y lo que ellos llaman “maldad” para hacer imposible la vida en su país de origen. Pero ¿El que piensen que en México puedan tener una vida mejor que en su país es sólo una percepción? Según las cifras del Programa de Desarrollo para las Naciones Unidas, los indicadores muestran que la seguridad y el nivel de vida sí son mejores en México que en esos países y no son solamente percepciones:

maya-ceTabla elaborada con datos del Informe sobre Desarrollo Humano 2015 (PNUD).

En la tabla anterior podemos ver que, en cifras, México efectivamente está mejor posicionado que El Salvador, Guatemala y Honduras, en lo que se refiere a esperanza de vida al nacer, ingreso bruto e incluso tasa de homicidios. Cabe mencionar que San Pedro Sula (Honduras) y San Salvador (El Salvador) estuvieron posicionadas en el 2015 como la segunda y tercera ciudad respectivamente más violentas del mundo, debido a la tasa de homicidios registrados en ellas (SJP, 2016). Mientras estas circunstancias no mejoren en esos países, seguirá habiendo un éxodo de quienes buscan salvar su vida o mejorarla.

México es un país de contrastes y desigualdades. Lo que nos muestran las cifras y testimonios de personas de otros países, es que no sólo estamos mejor que otros países, sino que podríamos estar peor y estas condiciones no sólo dependen del gobierno o de las personas en el poder, sino de cada uno de los individuos que residimos en México. Según la misma lista de las ciudades más violentas del mundo, en 2015 cinco mexicanas abandonaron la lista al disminuir el número de asesinatos. Esto ofrece un poco de esperanza ante las malas noticias mundiales.

Asimismo, no se puede olvidar que México es un país diverso, hay 62 grupos etnolingüísticos originarios reconocidos (Navarrate, 2008) y cuenta con una población que se ha nutrido de numerosas oleadas de migraciones extranjeras al país entre las que se encuentran españolas, guatemaltecas, chinas, francesas, cubanas, libanesas y alemanas. Además, México es un país de “origen, tránsito, destino y retorno de migrantes” (DOF, Ley de Migración, artículo 2, 2011). Esos son los hechos y es la base desde la que se deben construir estrategias económicas, políticas y sociales, tanto desde el gobierno como, desde la sociedad civil, que nos ayuden a aprovechar las cualidades y capacidades que ofrece la gran diversidad de formas de concebir el mundo, saberes y habilidades que conlleva esta característica. De la misma forma, debemos entender lo que significan la xenofobia, racismo, clasismo, misoginia y homofobia (o cómo se expresan por ejemplo en segregación, desprecio, descalificación, falta de empatía, sensación de superioridad y agresión a otros seres humanos) y combatirlos desde la vida diaria ya que dividen a la sociedad mexicana y la debilitan. Si Kropotkin estaba en lo correcto, la solidaridad y el apoyo mutuo serán claves para la supervivencia y para la superación de los retos que se avecinan.

Referencias citadas:

Diario Oficial de la Federación (DOF), 2011. Ley de Migración, Título primero, Capítulo único, Artículo 2. Consultado el 14 de diciembre de 2016, disponible en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5190774&fecha=25/05/2011

Kropotkin, Piotr, 2009. La selección natural y el apoyo mutuo. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Navarrete Linares, Federico, 2008. Los pueblos indígenas de México. México, CDI, 2008. 141 p. Consultado el 14 de diciembre de 2016, disponible en http://www.cdi.gob.mx/dmdocuments/monografia_nacional_pueblos_indigenas_mexico.pdf

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2015. Informe sobre Desarrollo Humano 2015. Nueva York, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Consultado el 14 de diciembre de 2016, disponible en http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2015_report_sp.pdf

Secretaría de Gobernación (SEGOB), 2016, Informe de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión 2016. “Reporte mensual del número de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión en averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas por las agencias del ministerio público de cada entidad”. México, SEGOB, SESNSP.

Seguridad, Justicia y Paz (SJP), 2016. The 50 Most Violent Cities in the World 2015. México, Seguridad, Justicia y Paz. Consultado el 14 de diciembre de 2016, disponible en http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/biblioteca/prensa/send/6-prensa/231-caracas-venezuela-the-most-violent-city-in-the-world

[1] Los nombres fueron cambiados para proteger las identidades de los entrevistados.

Del gringo al limbo, la familia y la separación consecuencia de la deportación: un acercamiento cuantitativo.

Por Maritza Rodríguez Gutiérrez / Maestra en Estudios de Población / El Colegio de la Frontera Norte /

I. Introducción

Desde el año 2008 se dio un incremento en las deportaciones de mexicanos desde el interior de Estados Unidos debido al endurecimiento de las políticas inmigratorias, con lo cual se exacerbó el problema de la separación familiar.

La separación familiar por deportación es un problema que pone en encrucijada a los miembros de la familia puesto que tienen que repensar sus estrategias para reconfigurar la vida en familia. Además, cabe destacar que, este problema es de carácter multidimensional pues trae consigo repercusiones a nivel, económico, psicológico y social.

La presente entrada tiene como objetivo mostrar la dimensión de la problemática, es decir, cuantos mexicanos fueron separados de su familia. Para esto, se utilizó el módulo de “separación familiar” aplicado en el cuestionario de “migrantes devueltos” que recogió la Encuesta sobre Migraciones en la Frontera Norte (EMIF Norte) en el segundo trimestre del año de 2014.

II. Separación familiar

La separación familiar por deportación se define como la ruptura del núcleo básico de reproducción social, (de los diferentes tipos de familia), que se perpetra cuando algún miembro de la familia es deportado por su condición de inmigrante indocumentado –o residente legal permanente–, quedándose el resto de la familia en los Estados Unidos.

a. La separación familiar a través de la EMIF Norte

Para conocer el panorama de la separación familiar se empleó el trimestre de abril-junio de 2014 del módulo de separación familiar de la Encuesta de Migraciones en la Frontera Norte. Para este trimestre se registraron 86 individuos a los cuales se les aplicó el cuestionario de “migrantes devueltos”, mismos que respondieron al módulo de separación familiar. De tal manera que se encontró que de los 86 encuestados, en su totalidad, declaraban haber dejado a algún familiar en Estados Unidos (Esposa (o) o Pareja, hijos (as), padres, hermanos), representando un 100 % que fue separado de su familia.

b. ¿A quién dejamos en casa?

Independientemente de la composición de la familia en Estados Unidos, la deportación, generará rupturas en los lazos familiares. En este apartado, se conocerá la composición de ese 100 % que ha sido separado y que posición ocupaba en la familia, así como saber a quienes se dejaron atrás. La posición que ocupaban los mexicanos deportados que fueron encuestados en el segundo trimestre de la EMIF norte; en su mayoría era el de jefe del hogar con un 60 %.

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El otro 40 % se componía de la siguiente manera: un 15 % reportaba vivir solo, haciendo referencia entonces que no necesariamente había corresidencia, pero que aun así fueron separados de sus familiares. Por otra parte, el 9 % de los encuestados en ese periodo declaraba que era el hijo (a) y un 5 % ser el esposo (a) o pareja, asimismo un 4 % reportaba ocupar la posición de hermano (a). Enseguida un 4 % ocupaba otro lugar en la familia y finalmente el 3 % no mantenía una relación de parentesco con quien vivía allá.

La composición de ese 100 % de familias que ha sido separada se manifiesta de la siguiente manera: un 36.1% de los deportados dejó a su familia nuclear[1] en Estados Unidos; donde muchas veces la persona que es deportada no es necesariamente el padre o la madre, sino que en algunos de los casos era el hijo quien estaba siendo deportado –haciendo referencia a que posiblemente pertenecía a una familia indocumentada. Después, el otro tipo de familia que se quedó en el otro país era la familia extensa[2], con una participación del 34 %. Finalmente el otro porcentaje restante se refiere a familias monoparentales[3] y conyugales; asimismo de aquellos que dejaron a otro tipo de familiar y a aquellos que no respondieron.

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c. Reunificación familiar

Luego de conocer que tipos de familia quedan separadas en Estados Unidos tras una deportación, en un caso específico, se encuentran los deportados que dejan hijos menores de 18 años y que son ciudadanos estadounidenses. La importancia de explorar esta cuestión, es que precisamente la problemática se agrava por el factor edad en los hijos y en cuestiones relacionadas a la tutoría, es decir, quienes se quedan a cargo de ellos.

            Fueron 38 los mexicanos encuestados por la EMIF Norte en ese periodo; que residían en Estados Unidos y fueron separados de su familia, dejando hijos menores de 18 años en este país. Se reportó que de esos 38, las tres cuartas partes no tenían ningún documento que comprobara la nacionalidad mexicana de sus hijos (pasaporte, acta de nacimiento u otro), en contraparte tan solo 5 tenía todos estos documentos, mientras que otros 5 tenían algunos.

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A raíz de la pregunta “¿Qué piensa hacer con los hijos menores de 18 años que dejó en Estados Unidos?” se detectó lo siguiente:

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En su totalidad, los 38 casos dejaron a sus hijos con personas que tenían el poder legal sobre ellos, lo que al menos sugiere que estos no fueron llevados a foster care, como los casos de los cuales se habla en el capítulo 2.  Se identificaron 32 casos donde quienes quedan a cargo son su padre o madre. Por otra parte, solo 6 casos reportaron haber dejado a sus hijos con alguien que tiene poder legal como tutor.

            Finalmente, los encuestados que fueron separados de su familia expresan cuáles son sus necesidades inmediatas para resolver el problema de separación familiar, teniendo lo siguiente:

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Es notorio que después de la deportación y el hecho de ser separado de la familia ponga en primer lugar la opción de orientación y asesoría legal (16), puesto que las personas buscan una reunificación y que ya nada pueda volver a separarlos en el momento en que decidan volver a Estados Unidos. Esto se reafirma con la participación de 12 personas que declaran que buscan emprender la reunificación familiar (en las distintas modalidades mencionadas anteriormente). Se puede hacer visible el shock del proceso de deportación pues 4 personas declaran no saber qué es lo que necesitan en ese momento para llevar a cabo la reunificación familiar y otras 3 personas declaran que su necesidad es otra y no está dentro de las opciones del cuestionario.

III. Reflexión final

La separación familiar –refiriéndose a la posición en el hogar- en su mayoría se presenta en aquellos que son jefes del hogar (60 %). Sin embargo no están exentos del problema los otros miembros como aquellos quienes solamente son pareja o esposos (as) o quienes son hijos (as).

Los tipos de familias que se ven en su mayoría afectados por este problema son las nucleares, las extensas y las monoparentales.

Finalmente, si bien la reunificación familiar es un asunto importante, la mayoría de los padres que dejan hijos menores de 18 años deciden que los dejarán en Estados Unidos y una pequeña parte de los encuestados buscará la reunificación familiar en aquel país. Se presenta en menor proporción aquellos padres que buscan la reunificación familiar en México.

Notas:
[1] De acuerdo con Tuirán (1993) se le denomina a aquella que está integrada por padre, madre e hijos.
[2] La familia extensa consiste en dos o más familias nucleares que se unen por la extensión de la relación padre-hijos, es decir, por la unión de familia nuclear de un hijo adulto casado a la de sus padres. (Murdock, 1964)
[3] Familia integrada por una persona (hombre o mujer) que vive con uno o más hijos o emancipados -también se puede encontrar como familia rota, familia uniparental. (Tuirán, 1993)

IV.Fuentes consultadas

El Colegio de la Frontera Norte, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Consejo Nacional de Población, Unidad de Política Migratoria, Secretaría de Relaciones Exteriores, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación,  Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México, www.colef.mx/emif 2014 .

Tuirán, Rodolfo, 1993, “Vivir en familia: Hogares y estructura familiar en México, 1976-1987, Comercio Exterior, México, julio, pp.s/n.

 

Migración, organizaciones de inmigrantes y movimientos sociales en México ¿Es el tema migratorio un asunto de izquierda?

Por Christian Ángeles Salinas / Alumno del Doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Regionales / El Colegio de la Frontera Norte / 

 

El 20 de junio de 2016, en su columna del diario Milenio, Ricardo Alemán hizo un señalamiento muy preocupante sobre una de las más importantes organizaciones de inmigrantes a nivel internacional el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB)[1]. Afirmando lo siguiente: “la mafiosa CNTE también avanzó en los campos político y guerrillero. Por un lado estableció una alianza con Andrés Manuel López Obrador y su partido MORENA […] y por otro, pactó con organizaciones afines a la guerrilla, como el FIOB”. Más allá de la ostentosa ignorancia del señor Alemán que evidencia con ese señalamiento y de la difamación que hace de una de las organizaciones de inmigrantes más prolíficas en los últimos 30 años, su afirmación nos enfrenta como investigadores a una realidad que hasta hoy, creo, no hemos sido capaces de afrontar, me refiero a la imperiosa necesidad de la objetividad que desde la academia y de los críticos de ésta se nos impone a los investigadores para ocultar o tratar de no tomar partido a partir de nuestras investigaciones. Sin embargo, la realidad se encarga de ponernos siempre en nuestro lugar y de ofrecernos elementos ejemplares para afinar nuestros conceptos y categorías.

Por ejemplo, y volviendo al tema magisterial en México, la manifestación del FIOB a favor de la CNTE en diferentes ciudades en California es una muestra palpable del transnacionalismo del que hablaron Portes, Guarnizo y Landolt,  (1999) definido como un proceso en el cual los individuos inmigrantes de una comunidad mantienen relaciones sociales con sus lugares de origen y con los lugares de llegada. Después de visualizar esto, nos queda la pregunta, ¿podemos separar el tema migratorio de las demandas y movilizaciones sociales  tanto en México como en Estados Unidos? Las organizaciones de inmigrantes son una de las formas más eficientes para intensificar las relaciones sociales entre los que se van y los que se quedan (con esto no quiero decir que sean o que hayan sido las únicas). Por lo tanto, es importante siempre prestar atención al crisol de actores (entre ellos las organizaciones de inmigrantes) que rodean a una manifestación social.

Cuando realizamos d acercamientos a la realidad, como investigadores, (y hasta donde me dicta la conciencia), me es imposible no poder tomar partido a favor de una reforma migratoria en Estados Unidos con la que se vean beneficiadas miles de familias que hoy sufren el drama de la separación por la deportación, me es imposible no ponerme de lado de los dreamers o de los otros dreamers que buscan ser aceptados en el mercado laboral profesional en Estados Unidos. Lo cual no significa que tenga alguna afinidad política con Bernie Sanders, ex aspirante a la candidatura demócrata a la presidencia de Estados Unidos, únicamente por ser quien se ha manifestado, explícitamente, en contra de las deportaciones y la separación familiar y a favor de un una reforma migratoria sin cortapisas. Y lo mismo sucede cuando se ha tenido la posibilidad de mirar la pobreza y la marginación en la que se encuentran muchas zonas de los estados del sur del México o hasta en la pujante e innovadora Tijuana. Uno no puede decir que no es necesaria una reforma educativa, y ante eso cualquier documento que se nos presente como reforma educativa se pensaría que es la panacea para la educación en México. Sin embargo, cuando a todas luces se trata disfrazar una reforma laboral como educativa se debe denunciar. La crítica se vuelve central, la aceptación de reformas no debe hacerse a ciegas, sin reflexionarlas y sobre todo sin consultar a los principales afectados. Así se trate de una reforma migratoria o una reforma educativa.

El crisol de agentes que interactúan en la realidad social, al interior de movimientos sociales, debe ser reconocido dentro del marco analítico de las investigaciones académicas; ahondar en la historicidad de los agentes y no sólo de los contextos actuales y/o inferencias a futuro. Besserer (2016) afirma que las diásporas y comunidades transnacionales son las receptoras de las decisiones de los estados nacionales yo añadiría que no sólo cuando se es migrante sino que las decisiones respecto a la migración impactan a los que se quedan y así mismo las decisiones hacia los que se quedan impactan a los que se van.

Desdeñar o desprestigiar el apoyo que reciben las movilizaciones sociales desde fuera es señal de aceptación sin ser crítico, por lo tanto, es tarea nuestra, de los académicos como diría Besserer (2016): criticar las decisiones de los estados nacionales y criticar a aquellos que no lo hagan. Lo cual no significa ser de izquierda o de derecha sino simplemente es poner en práctica todo aquello de lo que tanto nos vanagloriamos, conocimiento.

Referencias

Alemán, Ricardo, 2016, [columna], ¡Ya tienen sus muertos…! El nuevo crimen organizado, Milenio Diario, http://www.milenio.com/firmas/ricardo_aleman/Durante_anos-la_mafiosa_CNTE_busco_la_tragedia_18_759704056.html última consulta, 26 de agosto 2016.

Besserer, Federico, 2016, [conferencia], Culturales – Transnacionales. Historias de encuentros y desencuentros en el estudio de la realidad social contemporánea, El Colegio de la Frontera Norte, 26 de agosto 2016.

Portes, A., L. Guarnizo y P. Landolt, 1999, The study of transnationalism: pitfalls and promise of an emergent research field, Ethnic and Racial Studies Volume 22 Number 2 Marzo 1999.

Velasco, Laura, 2014, Organización y liderazgo de migrantes indígenas en México y Estados Unidos. El caso FIOB en Migración y desarrollo vol.12 no.23 Zacatecas  2014.

[1] El Frente Indígena de Organizaciones Binacionales tiene su antecedente más remoto en el Frente Indígena Mixteco-Zapoteco Binacional, fundado en 1991 en la ciudad de Los Ángeles, California. Desde entonces ha habido una recomposición de su membrecía y liderazgos que en cierta forma refleja el desenvolvimiento de la migración internacional y los retos de la acción colectiva en lugares urbanos y rurales, a la vez que en México y Estados Unidos. […] su trayectoria define en la actualidad al FIOB como un agente político que actúa localmente con un proyecto transnacional. Es decir, lo que en términos empíricos se observa es un conjunto de activistas organizados bajo un sistema de normas y reglas, con una cierta división del trabajo y que actúa en forma local en un campo político transnacional, aun cuando los comités regionales desarrollen intereses locales (Velasco, 2014: 106).